Aportes históricos del conuco para una cultura comunal (y II)

Como continuación de la revisión documental de los datos históricos y culturales que conforman su memoria biocultural, este segunda parte (final) pretende analizar la evolución del conuco en el marco del devenir no lineal del hecho agroalimentario venezolano. Antes que una lectura exhaustiva de los sucesos y relaciones pretende puntualizar en algunos de ellos para profundizar en el cómo, desde sus dinámicas y procesos productivos, las agriculturas originarias, indígenas, campesinas y familiares, no solo han producido el o los platos de comida, sino que han determinado la construcción de la política desde la resistencia popular y, en el marco de la Revolución Bolivariana y sus contradicciones, la iniciativa de cambio del orden mundial. Se busca aportar elementos que “ayuden a entender el proceso actual, plantear lo otro, donde el colectivo decida por primera vez en la historia, nuestra historia”^[1]. Cabe aclarar que no existe un solo concepto de conuco, las asociaciones de cultivos o policultivos en diversos arreglos temporales y espaciales con múltiples conexiones funcionales que proporcionan, también diversos, procesos productivos, modalidades y tendencias son expresiones de nuestros orígenes afrocaribeños, andinos y amazónicos que también contienen la impronta de un modo de relación social donde sobran la mercantilización de la naturaleza, el trabajo esclavo y la guerra.

Ni tierras ni pueblos libres

Aun cuando hoy en día son descalificados y tildados como “signo de atraso”, los conucos fueron la fuente alimenticia de las élites, tanto de las colonizadoras como de las mantuanas y netamente criollas que vinieron a sustituirlas. Felicien y col.^[2] afirman que el conocimiento indígena resultó esencial para la adaptación de los cultivos europeos a los agroecosistemas tropicales, y los alimentos de conucos sirvieron como una fuente vital de sustento, particularmente durante la guerra de independencia.

Briceño^[3] describe cómo funcionaba el quehacer del conuco a finales del siglo XIX en lo que hoy es la población de Tinaquillo, al norte del estado Cojedes, que, como buena parte de Venezuela en esa época, dedicaba su producción vegetal al café y la caña de azúcar para la exportación, también a la producción de maíz, quinchoncho (Cajanus cajan), caraotas (Phaseolus vulgaris) y tubérculos como ñame (Dioscorea spp.) y yuca (Manihot esculenta) para el mercado interno. El modelo “feudal”, cuya fuerza de trabajo era generada por los campesinos, consistía en la producción de granos de café, frutos o productos procesados como el papelón (panela) para que el dueño, que no necesariamente vivía en la zona, lo vendiera y de allí obtuviera el pago por el uso de la tierra.

Detalla el autor la práctica del pago en especies, el cual hacía que el descenso de los precios de los productos de exportación que ya ocurría en esa época no afectara directamente al campesinado. Sin embargo, durante la época de buenos precios, hizo cultivable la tierra aumentando su valor de uso y de cambio, también generaba la mayor ganancia al dueño. Entre 1871 y 1920, durante el nacimiento de la época petrolera, la propiedad de la tierra siguió siendo completamente privada y con una alta concentración en pocos dueños. Las relaciones de producción consistían en que el campesino seguía trabajando la tierra y pagando a los dueños en especies, por lo que la consigna zamorana de “Tierras y hombres libres” era un cliché vacío. Se mantenían formas mercantiles simples y una artesanía compuesta de pocos trabajadores independientes como carpinteros, zapateros, panaderos, herreros y carniceros sin posibilidad de producir relaciones sociales distintas.

Agrega Briceño que en 1921 los precios de los productos de exportación venezolanos diferentes al petroleo quedaron reducidos a la mitad, ello generó una crisis que determinó la casi desaparición de la siembra de café y de caña de azúcar para abrir paso a la siembra de granos y la ganadera. El reordenamiento de la división internacional del trabajo, producto de la primera y más grave crisis del capitalismo, modificó la propiedad nominal de los latifundios, pero no el sistema de propiedad. El cambio en las relaciones de producción en el campo pasó del pago de la tierra en especies al pago en dinero y se difundió el trabajo asalariado.

A finales de esa década, los latifundistas comenzaban a vender sus tierras debido a las deudas que dejó la crisis de 1921 y a algunas presiones por parte de allegados al dictador Juan Vicente Gómez. Se atribuye cierta eliminación de la oligarquía tradicional a que Gómez acabó con el latifundio al convertirse él en un gran latifundista. La propiedad de la tierra cambió y los nuevos propietarios fueron los comerciantes con quienes los latifundistas mantenían deudas y personajes vinculados al poder estatal que ya captaban parte de la renta petrolera. Parte de ese cambio hizo que las haciendas de producción vegetal fueran transformadas en hatos dedicados a la actividad ganadera.

Estructura social en torno al conuco

Las élites latifundistas también encabezaban el rentismo, eran propietarios de las tierras y recibían un pago por el cultivo que le daban los conuqueros, pero no tenían propiedad sobre los instrumentos utilizados, la siembra, ni la organización de la producción. Su poder en la zona podía ser exiguo a menos que estuvieran vinculados al comercio. Los colonos pisatarios o arrendatarios que, en el fondo, eran una sola clase, se distinguían por su riqueza, su sentido de la organización del trabajo y las relaciones sociales que podían establecer.

Por un lado los campesinos pisatarios pobres, quienes no podían tumbar sino dos o tres conucos, trabajaban con su familia y solo disponían de herramientas elementales para el trabajo, no contaban con ganado, tracción animal, educación ni capacidad de acumulación. Por otro lado los pisatarios que tampoco tenían la propiedad de la tierra, pero disponían de mayores recursos y mejores herramientas de trabajo. En muchos casos eran capataces o campesinos que, por algunas razones particulares, habían podido acumular ganado, dinero o podían alquilar al propietario una mayor cantidad de tierra para el cultivo y, en consecuencia, reproducir un círculo de acumulación superior. Ello les permitía disponer de circulante, contratar personal en los momentos requeridos o, en cualquier caso, contar con mayor cantidad de mano de obra al poder hacer mayores gastos para los días de la cayapa. La diferencia la constituía la cercanía a los dueños y la destreza para resolver problemas de gerencia, mercadeo y organización.

La organización social del hato era más simple, pues casi no requería personal, se podían encontrar dos clases: el ganadero y el colono-jornalero. El propietario tendía a estar mas presente en la zona o a tener una vigilancia mas directa sobre el proceso de trabajo, además tenía la posesión y la propiedad de las tierras, de los animales y de los instrumentos de trabajo. El ganadero utilizaba la fuerza de trabajo del campesino y le pagaba en efectivo por las tareas realizadas, pero nunca llegaba a constituir una relación permanente de asalariado, sino que el campesino vivía la relación como un intercambio, pagaba algo de arrendamiento, aunque no era suficiente, porque, en general, el ganadero no lo necesitaba.

Colonato como reordenamiento de la explotación

La poca rentabilidad de la producción vegetal a partir de 1921 se combinaba con el poco personal con quien continuar en el trabajo de la tierra y la forma feudal de lo que Briceño llama “colonato”. La actividad ganadera extensiva requería mucho menos personal, básicamente para la recolección del ganado, herraje y venta en las épocas de entrada y salida de aguas (abril-noviembre). En la producción intensiva hacía falta un personal mas fijo para cercado, alimentación del ganado cercano y ordeño. El latifundista se beneficiaba doblemente del trabajo asalariado porque sus ingresos no dependían del mercado, sino de una renta fija que sería pagada por el colono, este se endeudaba con el latifundista si no lograba vender la cosecha para pagar dicha renta. Ya el problema para el campesino no estaba en su capacidad de producir, sino en la de comercializar lo producido.

El colonato, como forma de producción campesina, permitía al propietario pagarle al campesino solo los días que le ocupara, porque la reproducción de la fuerza de trabajo estaba garantizada por el conuco que el colono trabajaba y del cual obtenía tanto su alimento como alguna ganancia en dinero, era una manera de “pago por el no-cobro”. Así se combinaron la producción ganadera extensiva y una pequeña producción agrícola bajo el sistema de conuco. La tercera forma descrita por Briceño era el sistema conuquero propiamente dicho, en la que el campesino ni le pagaba al dueño ni le prestaba ningún servicio porque ocupaba tierras sin dueño conocido presente o ejerciendo propiedad, también se daba en ejidos o tierras del Estado.

Organización del trabajo y el juntarse en el ciclo conuquero

Desde antes de la guerra de Independencia, el sistema de trabajo del conuco iniciaba con la “tumba” de arboles del terreno con machete entre los meses de enero y febrero; luego los palos se recogían y se apartaba la madera que sería combustible para cocinar. Luego de un mes esperando que se secara el monte, y abriendo cortafuegos para que las llamas no se extendieran hacia las zonas cercanas, se procedía a “rosearlo” mediante la quema. Briceño describe cómo el día de la quema propiamente dicha se hacía la “cayapa” o la “flechera”, vínculo especial de solidaridad y fiesta en la que el aparcero compraba aguardiente y buscaba a amigos y vecinos para trabajar. Luego venía el “rabo”, que era la fiesta de la cayapa esencial en el campo. Se hacia un sancocho para la comida y, con músicos de la zona, se daba el baile y la fiesta de la amistad y del trabajo entre los vecinos.

La siguiente etapa realizada entre abril y mayo era la siembra, en algunos casos se le hacia un segundo proceso de limpieza, pero no siempre era necesario y el sembradío podía no “segundarse”. En agosto ya era posible cosechar algo de maíz, si ese fuera el rubro, y el campesino tomaba algo para ir comiendo. Se trataba de una forma de producción familiar de alimentos, aunque el hombre se encargaba del grueso de las actividades había participación de mujeres y niños en sus diversas fases y así sigue siendo. Existía la aspiración de crecer y hacerse adulto ligada al momento en el cual pudiera tumbar su propio conuco y hacer su familia alrededor de la tierra cultivada. La familia se permitía la realización de otras tareas de alimentación, mujeres y niños concentraban esfuerzos en la cría de cochinos y gallinas, con las cuales se alimentaban. Los nexos sociales entre los campesinos, derivados del trabajo, implicaban formas de solidaridad y de pagos recíprocos más allá de la simple comercialización, sobre todo por la ausencia de dinero circulante. Las dos maneras como los campesinos se relacionaban en el trabajo era la tarea-vuelta y la cayapa. El campesino procuraba tener su propio conuco y su propia siembra, pero era muy poco lo que podía sembrar solo y lo que podía rendir el trabajo, principalmente por el compás de la estacionalidad. Nuestro clima tropical permitía lapsos más o menos grandes entre una y otra actividad.

La tarea-vuelta o mano-vuelta: para ampliar su propia capacidad de sembradío tenía que contar con el trabajo de otros campesinos y ayudar a algún vecino o pariente en su trabajo. Las tareas que dedicaba al conuco del otro éste debía reponerla en la misma forma, por lo que era “rentable” ofrecer tareas a varios vecinos, esforzándose en el trabajo de modo tal de ampliar su capacidad de producción ganando para sus cultivos muchas tareas-vueltas de los otros. En la cayapa el pago adquiría la forma de fiesta colectiva y de remuneración en especies, pero era un pago que se compartía, porque lo que se bebía y se comía se hacia junto al otro. Era una forma compartida de consumir un gasto, nunca era vivida como un pago; tal cosa rebajaba la fiesta a un acto contractual, alejándolo de la idea que lo movía, como era convertirla mas bien en un festejo a la solidaridad. Buscar participar en una cayapa era una manera de buscar una fiesta donde el intercambio presumía un aporte en trabajo.

Un campesino estaba “terminando de comer” con el conuco que había sembrado tres años antes; estaba “comenzando a comer” con el conuco que el año anterior había sembrado y estaba trabajando en la preparación del conuco con el cual comería el próximo año. En 1937, la mayoría de tierras cultivadas la tenían los conucos y, por ello, descienden unos productos y se expanden otros mientras incrementaba la producción ganadera en manos de los latifundistas con la consecuente subutilización de la tierra.

Impactos de la modernización petrolera y política

Entre 1940 y 1960 los ingresos petroleros mejoraban notablemente, en 1950 los ingresos fiscales eran 583% mayores a los de 1940 y el cambio en la distribución del ingreso nacional fue positivo entre 1950 y 1960. Aunque la población ocupada aumentó en 1.6 veces en los veinte años que van desde 1941 a 1961 y se había dado ya una fuerte disminución del porcentaje ocupado en sector primario y un incremento en el sector terciario. Felicien afirma que hubo una fuga de capitales desde la agricultura a la industria petrolera emergente, con concesiones petroleras que se destinaron principalmente a las mismas familias ricas que habían dominado el complejo agroexportador.

Por su parte, Briceño señala que el proceso de movilización sociopolítica, previo al 23 de enero de 1958, también buscaba romper con las relaciones de subordinación al campesinado que configuraba el uso y disfrute de la tierra, por lo que el derrocamiento de la dictadura trajo consigo la promesa de la reforma agraria e impulsó la formación de comités de campesinos que solicitaban tierras para trabajar y se produjeron invasiones campesinas a tierras de acceso privilegiado. Este describe la reacción de la oligarquía terrateniente en dos direcciones: La primera fue vender rápidamente la totalidad de las tierras a otros hacendados que sí pudieran producir o que estuviera tan vinculados con el gobierno de turno como para evitar la expropiación o con influencias para impedir las invasiones con ayuda policial, en caso de que estas se presentaran. La segunda fue fraccionar las tierras para obtener una mayor ganancia en la venta seccionada y, además, acceder a un mercado que solo podía comprar unas cuantas hectáreas. Simultáneamente podían disminuir la cantidad de tierras ociosas que tenían y evitar las justificaciones necesarias para la expropiación.

Antiguos y nuevos dueños sacaban de las tierras a los campesinos que trabajaban como aparceros o arrendatarios, desde una “buena forma” mediante la cual pagaban a buen precio las bienhechurias de los campesinos hasta duras expulsiones utilizando la presión personal directa, amenazas o el bloqueo de las posibilidades de vida que tenían los campesinos en la zona. Ya en 1958 se importaba el 34,1% de las leguminosas que eran consumidas en el país^[4] La producción de estas continuó experimentando una disminución gradual que mientras disminuía su producción nacional con la distribución de semillas certificadas de caraota y frijol a los campesinos, la intensificación de la producción intensiva mecanizada, y el uso de fertilizantes, pesticidas y herbicidas. Sin una zonificación ecológica adecuada de los rubros predominantemente monocultivados se fue debilitando la fertilidad de los suelos y los rendimientos de los cultivos a la vez que disminuía la diversidad de especies y variedades de leguminosas.

Placebo contra el rentismo: la arremetida neoliberal

Desde 1973, cuando el precio del barril de petróleo se disparó en el mercado internacional, Venezuela, como otros países productores de crudo, incrementó las importaciones de alimentos y materias primas de origen vegetal al mismo tiempo que la producción agrícola se contraía^[5], esto se aceleró luego de 1989 con el proceso de apertura y liberalización que condicionó aún más la producción interna de alimentos al comportamiento de los mercados externos, afectando a agricultores a grandes y pequeñas escalas. He referido^[6] la relación del Estado con las empresas agroindustriales radicadas en Venezuela, la enorme cantidad de subsidios, más que lograr satisfacer la demanda alimentaria y nutricional de la población, desató un alarmante incremento del precio de los alimentos.

La política agrícola en los años 90 se orientó hacía la disminución o eliminación de subsidios a los fertilizantes, alimentos concentrados, créditos y otros insumos, así como la disminución del gasto público en el sector, el alza de las tasas de interés y la reforma comercial agrícola fueron combinadas con la eliminación de las barreras a las importaciones y exportaciones de bienes agroalimentarios^[7]. De esta manera el Estado se retiró de la agricultura local como actor, permitiendo la apropiación de tierras agrícolas impulsada por las empresas, su control sobre el tipo de producción y distribución de alimentos, la dependencia de semillas modificadas genéticamente patentadas, los altos precios especulativos de los alimentos, los bajos salarios de los agricultores y las importaciones forzadas en lugar de la producción local de alimentos.

En 1996, se implementó otro programa neoliberal llamada “Agenda Venezuela” que contempló un plan de extensión agrícola, con financiamiento del Banco Mundial (BM) y la reestructuración del sector agroalimentario que, hasta finales de los años 90, reportaba resultados en el incremento de la competencia, la desconcentración empresarial, el aumento de la participación de inversiones extranjeras, la disminución en la cartelización de los precios, el aumento de las exportaciones agrícolas, el incremento de los rendimientos y la mayor productividad y la diversificación de la oferta agrícola en frutas, hortalizas y tubérculos. Sin embargo, el poder adquisitivo de la población seguía siendo bajo, por lo que la actividad agrícola estaba desconectada del consumo y este, a su vez, de los indicadores macroeconómicos.

El desequilibrio en el acceso y la propiedad de la tierra en Venezuela era extremo. según un censo agrícola de 1997, el 5% de los propietarios controlaba el 75% de la tierra y el 75% de los propietarios controlaba solo el 6% de la tierra. Los índices de pobreza no mejoraban, tampoco la dependencia de importaciones y de agroinsumos extranjeros. En el ámbito internacional, a finales de esa década, el tema alimentario escaló debido a la propuesta de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM) en el año 2000 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y las disposiciones vinculantes con el derecho a la alimentación pronunciadas en 1996 a través de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA). En esa misma cumbre el movimiento campesino internacional denominado La Vía Campesina desarrolló el concepto de soberanía alimentaria^[8] como alternativa a las políticas neoliberales basado en que precisamente el sistema económico neoliberal imperante, representado por el Banco Mundial y el FMI con sus políticas de ajuste estructural, amenazan el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de estados a definir su política agraria y alimentaria. Este concepto es contrapuesto al de seguridad alimentaria^[9], la cual existe cuando las personas tienen en todo momento el acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias, es un concepto que vincula al libre mercado afirmando que “de esta manera, si las familias no cuentan con acceso económico a los alimentos, simplemente, no comen”.

Irrupción de la Revolución Bolivariana

Desde el triunfo electoral del comandante de Ejército (R) Hugo Chávez Frías en diciembre de 1998, y su ascenso al poder en febrero de 1999, comenzó en Venezuela un proceso de cambios llamado Revolución Bolivariana que tuvo como punto de inflexión el proceso participativo de debate, construcción y elección popular de la nueva constitución. Votada y apoyada por la mayoría del pueblo en referéndum, la Constitución de 1999^[10] (CRBV) reconoce de forma implícita, en el marco de los derechos fundamentales más amplios, el derecho a la alimentación, haciendo al Estado garante del derecho a la vida, teniendo además como fin esencial la defensa y desarrollo de la persona. De igual forma, el artículo 305 del título correspondiente al “Sistema Socio económico” determina que:

“El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor”.

Lo que en el texto del contrato social para la nueva etapa que comenzaba llama “seguridad alimentaria” debe alcanzarse

“desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las medidas de orden financiera, comercial, transferencia tecnológica, tenencia de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola“.

Ello lleva al centro de la política la vida rural y la inclusión del campesinado dado su interés estratégico en esa seguridad alimentaria. Le sigue el artículo 307 ordenando que:

“El régimen latifundista es contrario al interés social. La ley dispondrá lo conducente en materia tributaria para gravar las tierras ociosas y establecerá las medidas necesarias para su transformación en unidades económicas productivas, rescatando igualmente las tierras de vocación agrícola. Los campesinos o campesinas y demás productores o productoras agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra, en los casos y formas especificados por la ley respectiva. El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y particulares de propiedad para garantizar la producción agrícola. El Estado velará por la ordenación sustentable de las tierras de vocación agrícola para asegurar su potencial agroalimentario”.

De esta manera los movimientos campesinos y agroecológicos populares se vieron reflejados en el brazo legal que forjaría la era bolivariana de una Venezuela a la que las élites económicas hicieron creer que deslastrarían del rentismo con neoliberalismo. El modelo bolivariano de políticas agroalimentarias se implementó buscando un equilibrio entre la participación social y la producción agropecuaria, pesquera y acuícola; mediante cambios determinantes en cuanto al acceso a los medios de producción como la tierra y el capital.

A partir de la CRBV se crearon leyes e instituciones cuyos planes, programas y proyectos atienden los sectores estratégicos como energía, servicios públicos, alimentación, entre otros, de manera integral (en el ámbito económico, social y ambiental) y apuntalaron la cultura conuquera, así como las contradicciones que esta genera frente a la agroindustria.

En 2001, Chávez emitió una serie de decretos que dieron forma a la revolucionaria Ley de Tierras y Desarrollo Agrario^[11] con un proyecto líder llamado Misión Zamora que llevó a asignar, a los campesinos sin tierra, tierras pertenecientes a latifundios que no estaban produciendo al menos el 80% de su potencial. Dicha ley (reformada en 2010) busca redistribuir las tierras, reactivar la productividad del campo y brindar soberanía alimentaria, para lo cual se creó el Instituto Nacional de Tierras (INTI).

• Reconoce el derecho a la adjudicación (art 8) de tierras a toda persona que sea apta para el trabajo agrario, pudiendo ser beneficiados todos los venezolanos que hayan optado por el trabajo rural y la producción agraria como oficio u ocupación principal.
• Mediante este procedimiento administrativo el INTI otorga o transfiere el derecho de propiedad agraria sobre sus tierras a los sujetos beneficiarios (art. 13) y sujetos preferentes (art. 14, 17 y 20).
• Establece que sean beneficiarias preferenciales de adjudicación de tierras las mujeres que sean cabeza de familia (art. 14) y que se comprometan a trabajar una parcela para mantener a su grupo familiar, además que estas ciudadanas cuenten con un subsidio especial alimentario pre y post natal.
• Garantiza la permanencia de los grupos de población asentados en las tierras (art. 17) que históricamente han ocupado, así como la de los pequeños y medianos productores agrarios en las tierras que han venido ocupando pacíficamente para el momento de su promulgación.
• Encarga al INTI la vigilancia del uso y aprovechamiento racional de las aguas, con fines de riego y acuicultura y coordinar su régimen de uso con fines de producción agropecuaria (art. 24 al 26).
• Reconoce (art. 19 y 20) al conuco como fuente histórica de la biodiversidad agraria, encargando al Ejecutivo Nacional la tarea de promover, en las áreas desarrolladas por conuqueros, la investigación y la difusión de las técnicas ancestrales de cultivo, así como el control ecológico de plagas, las técnicas de preservación de suelos y la conservación de los germoplasmas en general.

Esta reforma agraria, junto a otras leyes contrarias a políticas neoliberales y subordinadas a la élite global, motivó a las élites económicas radicadas en Fedecámaras (cónclave patronal) y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) a desencadenar el intento de golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002 y el posterior paro patronal que evidenció, mediante la escasez inducida, el control de las redes alimentarias por parte de esas mismas élites. En 2002 el Ministerio del Poder Popular para la Educación (MPPE) creó el Programa denominado Todas las Manos a la Siembra (PTMS), el cual se originó como un reflejo de la crisis de escasez experimentada por el país. El mismo tenía como objetivo la búsqueda de una nutrición saludable, segura, soberana y sabrosa, además de tener un componente comunitario y escolar^[12].

En 2004^[13], Chávez declaró a las semillas transgénicas como amenaza para la salud y soberanía de los pueblos y se creó el Plan Nacional de Semillas con una consecuente promoción de instrumentos legales y políticos orientados “un nuevo modelo productivo sustentable hacia la agroecología” materializados en el control por parte del Estado de los Organismos Genéticamente Modificados para eliminar la dependencia y efectos potencialmente nocivos, la conservación de las variedades de semillas tanto nativas como locales y los conocimientos tradicionales, el reconocimiento del conuco como fuente de agrobiodiversidad y la promoción del uso de bioinsumos creando laboratorios para producir microorganismos para fertilizantes naturales con el fin de reducir las importaciones de fertilizantes costosos.

Materializando el poder popular y el territorio productivo

Los consejos comunales comenzaron a formarse en 2005 y fueron reconocidos oficialmente en 2006 con la Ley de Consejos Comunales, que fue reformada en 2009. Fueron diseñados para fomentar un alto grado de empoderamiento, espacios de participación y toma de decisiones descentralizadas. Se trata de organizaciones de gestión local que permiten a la población ejercer la gobernanza comunitaria y gestionar directamente sus propias necesidades de desarrollo en un espacio geográfico definido por ellos mismos. Como instancia mayor y estratégica, dos o más consejos comunales se combinan en sus respectivos territorios para crear comunas que abarquen escalas sociales y geográficas más amplias para crear redes y organizarse colectivamente. A partir de ellas se constituyen corredores comunales que pueden abarcar proyectos territoriales con niveles endógenos de autogobierno y diseño integral de la vida.

Para las elecciones de 2006, Chávez presenta el Proyecto Nacional Simón Bolívar (o Primer Plan Socialista) de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2007-2013 que contemplaba aumentar la soberanía alimentaria y consolidar la seguridad alimentaria como uno de sus objetivos. Entre algunas estrategias y políticas que se diseñaron para alcanzar dicho objetivo estuvieron incrementar la participación de los productores, consolidar la revolución agraria y eliminar el latifundio. Distintas expresiones de participación popular surgieron en dicho periodo, así como las leyes que buscaron que dicha participación pasara a ser poder. Desde la comunas se diseñaron proyectos como la ampliación y mejora de la infraestructura, la electricidad, el acceso al agua y los sistemas de alcantarillado, unidos a la provisión de insumos agrícolas y asistencia técnica para los agricultores, también la expansión de centros acopios donde los agricultores pudieran vender sus cosechas y recibir un mejor precio que la alternativa del mercado. Mediante las diversas experiencias los agricultores han podido controlar mejor sus necesidades de producción y hacerse cargo directamente de su propia situación en cuanto a insumos, producción y acceso a los mercados. Para los agricultores a pequeña escala, uno de los componentes más importantes de este proceso es liberarse de los intermediarios privados explotadores que solían cosechar todos los beneficios y aprovecharse tanto de los productores como de los consumidores. Aun cuando el desarrollo práctico de los consejos comunales y las comunas depende de los recursos financieros del Estado, representan espacios de poder que funcionan en simbiosis con niveles de gobierno municipal y estadal, pero que también irrumpen contra con sus vicios y estructuras tradicionales.

Los proyectos en colectivo, también las disputas e intereses divergentes, los convierten en escenarios de construcción y debate donde se desarrollan formas de lucha de clases, ya que “actores sociales con intereses diversos negocian las necesidades de desarrollo de la comunidad de forma participativa”^[14]. No es la soberanía alimentaria como un solo hecho cuantificable en toneladas de alimentos, sino la toma de decisiones democrática y participativa y el grado de soberanía local sobre los procesos de desarrollo por parte de la comunidad que se engendra en los territorios. Según la Cumbre Mundial de la Alimentación^[15] para 2008 en Venezuela existían 11 millones 360 mil hectáreas de superficie agrícola, y 14 millones 716 mil hectáreas con vocación pecuaria, de las cuales muchas de ellas subutilizadas, con una población cercana a los 30 millones de habitantes de la cual solo un 11, 2% era rural, que no implica necesariamente que trabajen la tierra y las que producían eran en su mayoría con destino a la agroindustria, datos referenciales con los que podemos inferir que es imposible hablar de soberanía alimentaria.

La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria^[16] en su artículo 10 dice que “Se reconoce el derecho de las ciudadanas y los ciudadanos a la producción sustentable… Se consideran contrarias al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica las prácticas del monocultivo intensivo y aquéllas dirigidas a permitir el control del mercado de productos agroalimentarios“, un apuntalamiento desde el Estado para frenar la amenaza del monocultivo contra la agrobiodiversidad, lo que ha sido una demanda de sectores vinculados al ecologismo y la agroecología.

Además plantea el acceso a los recursos naturales, así como la promoción de prácticas y tecnologías tradicionales con el fin de desarrollar una agricultura ecológica sustentable (art. 12 y 15), dentro de la cual se enmarca un concepto tan amplio como el conuco. Por otra parte, dicen Domené y col.^[17] que en la medida en que se avanzó en la comprensión de la problemática agroalimentaria y de salud agrícola vegetal y animal, se decretó la Ley de Salud Agrícola Integral, en donde se establece claramente “…la agroecología como ciencia que apoyará la nueva agricultura...”, a tal efecto se indica en el artículo 48 “…se entiende por Agroecología, la ciencia cuyos principios están basados en los conocimientos ancestrales de respeto, conservación y preservación de todos los componentes naturales de agroecosistemas sustentables, a cualquier escala o dimensión”.

Flotando en medio de la crisis del capitalismo y la bonanza petrolera

Mientras el sistema agroindustrial colapsaba en una crisis alimentaria sin precedentes en Venezuela avanzaba el Estado de Derecho y Justicia Social contemplado en la CRBV, pero también aumentaban las agresiones externas. El país concretaba en sí mismo el conflicto entre múltiples paradigmas entre los cuales está la falacia del desarrollo sustentable. Prensa y expertos internacionales proclamaban en 2008 el fin de la era de los alimentos baratos debido al fracaso de los países más pobres en el desarrollo de sus sectores agrarios, las presiones ejercidas en el mercado internacional alimentario por los cambios en el régimen alimenticio de las clases medias en expansión en China e India, la especulación en los mercados de futuros de las materias primas, la conversión de las tierras agrícolas en terrenos urbanizables, el cambio climático y el desvío de la producción de maíz y de caña de azúcar destinada a la alimentación para la producción de agrocombustibles^[18].

En particular,, la especulación en los mercados de futuros de productos agrarios básicos era el motivo de mayor peso en el extraordinario incremento de los precios de los alimentos en 2007 y 2008. El estallido de la burbuja inmobiliaria en 2007 hizo derrumbar la compraventa de valores hipotecarios y otros derivados, los hedge funds (fondos de alto riesgo) y otros agentes especulativos, buscando beneficios rápidos, se desplazaron hacia los mercados de materias primas, ocasionando un incremento brusco en los intercambios comerciales y en los contratos que se vio acompañado por un crecimiento muy pequeño o nulo en la producción de bienes agrícolas. Así el capitalismo financiero desencadenó el incremento de un 71% en el índice de precios de los alimentos de la FAO en solo quince meses, entre finales de 2006 y marzo de 2008, así como su descenso después de julio de 2008, lo que no logró reparar el enorme daño causado. Mientras el mundo sorteaba una crisis alimentaria sin precedentes, en 2009 la FAO emitía un informe sobre el esfuerzo venezolano para construir un nuevo sistema agrícola y alimentario con la visión de Chávez del socialismo del siglo XXI^[19], mostrando resultados sobresalientes mediante un aumento significativo de la producción de cultivos “básicos”. Se alcanzaron niveles de autosuficiencia en los dos granos más importantes, el maíz y el arroz, cuyas cadenas de producción responden a la lógica agroindustrial.

El modelo redistributivo de la renta, amparado en la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Alimentaria, estableció reservas estratégicas de alimentos “básicos” que servirían tanto para estabilizar los precios (evitando escasez) como para garantizar un suministro seguro de alimentos en caso de desastres naturales o interferencias humanas. El objeto de esta práctica era obstaculizar significativamente la capacidad de los intermediarios para interferir con el flujo constante de alimentos, al mismo tiempo que proporcionaría una red de seguridad fundamental tanto para los agricultores como para los consumidores. Por otra parte, la legislación implementada hasta ese año revirtió parcialmente las disparidades y, para 2009, casi 2,7 millones de hectáreas de tierras latifundistas habían vuelto a la productividad desde la aprobación de la Ley de Tierras^[20]. La custodia de la mayor parte de la tierra recuperada se otorgó a muchos agricultores organizados en cooperativas y a proyectos estratégicos en apoyo de la soberanía alimentaria.

Debido a la lentitud con la que se ha podido desmontar el Estado burgués, la expropiación de tierras privadas se pudo realizar solo bajo un conjunto específico de circunstancias y mediante un extenso proceso legal que incluye una indemnización a precio de mercado. Sin embargo, el crédito agrícola había aumentado significativamente, de aproximadamente 164 millones de dólares en 1999 a 7,6 mil millones en 2008, mientras que el financiamiento agrícola aumentó en 5.783% entre 1998 y 2007. La pobreza extrema en Venezuela había disminuido en 55% desde 1998 y la pobreza general 37,6% a causa de políticas sociales efectivas y centradas en la participación social, esto hizo agudizar el asedio de intereses corporativos por hacerse de la renta petrolera, puntal económico de tales políticas.

Entre 2008 y 2011 el hambre se redujo llegando solo a afectar a 3,1% de la población. Venezuela había superado el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el hambre para 2015 y así lo reconoció la FAO. Felicien y col. agregan que tales avances, patrocinados por los ingresos petroleros de la industria nacionalizada, provinieron en gran parte de un refuerzo del complejo de agroimportación, no de sistemas agrícolas alternativos. Además, estos esfuerzos hacia la reforma agraria en el campo se mantuvieron en gran medida separados de los programas de seguridad alimentaria; tampoco se estableció una ruptura duradera en el poder histórico de quienes controlaban el sistema agroalimentario.

Muchas de las cifras exitosas de los programas agroalimentarios para los pobres significaron más importaciones de agroinsumos para la producción y de alimentos para la distribución, ello consolidó aún más mecanismos como el otorgamiento de dólares de los ingresos del petróleo a empresas importadoras privadas, a tasas altamente subsidiadas. En 2012 se instauró la Gran Misión AgroVenezuela, cuyo objetivo fue asentar y consolidar las bases de la producción nacional y la incorporación del pueblo al proceso productivo para garantizar la soberanía y seguridad agroalimentaria. Esta misión se respaldó en las leyes promulgadas para avanzar en la reforma agraria y el fortalecimiento de la producción nacional. Entre los aspectos que esta Misión aspira abordar se encuentra el apoyo integral a los productores del campo para incentivar la producción nacional y reducir progresivamente la dependencia en este ámbito^[21].

Resistencia en medio de la guerra económica contra Venezuela

Tanto el control de la distribución alimentaria como la redistribución de tierras había provocado reacciones adversas de los carteles alimentarios nacionales y de los grandes terratenientes, quienes normalmente coinciden tanto en espacio y tiempo como en intereses políticos. En cuanto al tema de las tierras pagaron a escuadrones de la muerte para asesinar a campesinos asentados en tierras recuperadas y respecto a la distribución alimentaria emprendieron una guerra económica basada en el acaparamiento y especulación en precios de los alimentos. Se trata de la misma guerra contra el pueblo cuyo objetivo es el mismo saqueo, no solo de la fuerza de trabajo, sino de la propia vida. Hasta ese año, más de doscientos campesinos habían sido asesinados^[22] en venganza contra el proceso redistributivo, sin embargo, aproximadamente un tercio de la tierra latifundista existente en 1998 había beneficiado a 180 mil familias.

En 2012, Chávez, consciente de las agresiones que ya eran evidentes, incluye en el Plan de la Patria (Plan de Desarrollo) el objetivo de “otorgar el reconocimiento al conuco como fuente histórica, patrimonio de nuestra agrobiodiversidad y principal reserva de germoplasmas autóctonos vivos”^[23]. Tanto la caída de los precios del petróleo, el boicot económico de esa clase empresarial que apetece el control del Estado, como las medidas que Estados Unidos y la Unión Europea aplicaron contra Venezuela, redujeron el volumen de la renta petrolera apreciablemente, lo que afectó también aquellas cifras exitosas debilitando la producción agrícola nacional y con ella la autonomía del abastecimiento alimentario que se refleja en el incremento del déficit de la balanza agroalimentaria.

La ofensiva de las élites se amplió intensificando la disputa por el control de la distribución de los alimentos y otros bienes esenciales para acapararlos e inducir escasez. Ante una política de control de cambios determinada por el gobierno de Chávez para evitar la fuga de divisas optaron por convertir y fijar los precios con un tipo de cambio paralelo manipulado en aquellos bienes necesarios y difíciles de sustituir, como los utilizados para la alimentación, la salud, el transporte, los insumos para la producción, los repuestos de equipos y maquinarias. Las medidas económicas y financieras coercitivas ilegales de Estados Unidos (sanciones) que comenzaron en 2015 han causado la muerte reportada de alrededor de 40 mil venezolanos en 2017-2018 y posiblemente hasta más de 100 mil^[24]. Se han multiplicado los problemas nutricionales y, ante ellos, ha habido cambios en la dieta de la población, más por necesidad que por elección.

Curcio^[25] reseña un dato que es revelador respecto a la disputa por ese control, los alimentos acaparados son de alto consumo y forman parte de la dieta (transculturizada y adaptada a una dinámica espacio-temporal urbana, cabe decir) de la población venezolana: Harina de maíz precocida, café, arroz, azúcar, caraotas, pastas alimenticias y huevos de gallina, entre otros. Su producción y distribución se encuentra en manos de pocos empresarios vinculados a la agroindustria por ser procesados por monopolios u oligopolios. Esto explica el hecho de que, en los datos que publica, algunos alimentos como guayaba, plátano y naranja, por ejemplo, no generen colas aun cuando son ampliamente consumidos. La diferencia radica en la existencia de múltiples productores que no logran los niveles de cartelización de la agroindustria para generar una alteración en la distribución.

Otra causa que permite el acaparamiento y la especulación es la facilidad de conservación por períodos largos de tiempo de los alimentos no perecederos. Al ser regulados por el gobierno, algunos alimentos como la carne de pollo, la carne de res, el queso blanco duro y los huevos de gallina no escasean debido a que su logística de conservación es muy costosa y por lo tanto no son comercializados en los mercados ilegales (por “bachaqueros”), son encontrados en los establecimientos donde se expenden alimentos, pero a precios superiores a los regulados, desacatando las normas. Aun cuando también existen múltiples mecanismos de control y concentración por parte de las élites capitalistas de la actividad agroalimentaria, incluso a pequeña escala, en este ámbito distintos movimientos sociales y comunidades organizadas han mantenido la voluntad concentrada en la producción de alimentos con la mira en mayores niveles de soberanía integral.

Se ha evidenciado la diversidad biocultural venezolana en medio de la guerra no convencional y multiforme, aun cuando los Censos Agrícolas de 2008 publicaron la existencia de 78 especies alimentarias, Núñez^[26] ha reseñado que en Venezuela hay 462 especies de plantas alimenticias de las cuales 241 son nativas y 221 introducidas, además de 288 especies de frutales con propiedades medicinales. Dicho autor introduce el concepto de eco-redes agroalimentarias: puntos de combinación de varios alimentos (rubros) y sus derivados o subproductos transformados en ingredientes (o Unidades Principales de Producción) que derivan de un plato o receta gastronómica. Otro dato que permite evidenciar el aporte biocultural del conuco es que los nueve platos más populares, de los 162 que se han contabilizado en la cultura gastronómica venezolana, permiten analizar la posibilidad que tiene este concepto para construir cultura en la Venezuela asediada. La arepa rellena significa un punto de encuentro con 16 combinaciones de alimentos o eco-redes (sub-redes) alimentarias; por ejemplo, los sancochos y carnes en contornos se combinan con 26 alimentos; el tradicional pabellón integra 16; la tizana de frutas 12; las cachapas, la parrilla criolla y las tortas con quesillo vinculan 9 eco-redes.

Respecto a la frecuente explicación sobre la baja o nula producción alimentaria en Venezuela, Núñez reporta que el arroz se cultiva en 12 estados del país, el maíz en 21, la caraota en 20, frijol en 18, yuca en 22, las musáceas (plátanos y cambures) en 24, los aguacates en 21, mangos, limón y lechosa en 21, las naranjas en 18, las hortalizas en 4 estados andinos y Monagas, el café en 22, caña en 15, cacao en 17, la cría de bovinos, aves y pesqueros en 20 y el levante de porcinos en 22 estados. Concluye que existe un potencial agroalimentario nacional para la diversificación agrícola tomando en cuenta las variables socio-bio-regionales y superando la visión lineal del monocultivo por un enfoque de asociación de cultivos o policultivos, base práctica del conuco.

En 2019, el gobierno venezolano publicó el decreto Nº 3.824^[27] en el que se declaran como cultivos y crías de guerra, la producción de semillas de las siguientes especies vegetales: Frijol, topocho, plátano, caraota, maíz, papa, quinchoncho, yuca, ocumo, ñame, auyama, apio, plantas medicinales; así como la cría de especies animales: Caprino, cunícola, avícola, ovino y porcinos. Con dicho instrumento legal se busca privilegiar e incentivar su producción, mejoramiento, procesamiento y distribución, así como la recuperación y regularización de tierras de alta calidad para el establecimiento de unidades de producción de semillas y cría de esos rubros. La medida reconoce lo estratégica que ha llegado a ser la actividad productiva de los agricultores a mediana y pequeña escala (conuqueros) en medio del asedio y la guerra contra Venezuela.

La semilla como impulso hacia un saldo organizativo

Uno de los aspectos más notorios durante el asedio a la Revolución Bolivariana han sido las disputas por el control de las cadenas (o redes) alimentarias, cada uno de sus eslabones ha sido apropiado por el capital nacional, alineado al global, para ejercer presión política en nombre de lo económico. Entre los elementos más críticos están las semillas de maíz y algunas leguminosas, en particular, el control de su producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación ha significado una forma de ejercer poder y determinar, de alguna manera, aspectos de la cultura nacional.

Felicien relata que desde que se introdujo la harina de maíz precocida en los años 60 y generara cambios profundos en el sistema agroalimentario, el cultivo de maíz pasó del conuco a la producción de monocultivos industriales, dependiente de las variedades de semillas comerciales certificadas. Dicho producto, que carece de vitaminas y minerales que luego requieren fortificación para cumplir con los estándares dietéticos básicos, llegó a representar el 88% de todo el maíz consumido en el país y los dueños de la marca más vendida provienen de un largo linaje que se remonta a la élite colonial. Habiendo ocupado cargos clave tanto en pasados gobiernos como en las empresas durante generaciones, la familia Mendoza Fleury suministra los alimentos y bebidas más consumidos en Venezuela a través de Empresas Polar, desde las arepas hasta la cerveza. Son la subsidiaria venezolana de la trasnacional alimentaria PepsiCo, sus productos llegan a los mercados globales y controlan un 50 a 60% de la oferta de harina de maíz precocida de Venezuela. Su Fundación Danac controla gran parte de la base genética de las semillas de maíz certificadas de Venezuela con más de 600 variedades de maíz patentadas e influyendo en la investigación y la certificación de semillas. Por su parte, distintos movimientos indígenas, campesinos, afrodescendientes y colectivos urbanos que emergieron de la, así llamada por Boaventura de Sousa Santos (2003), “globalización contrahegemónica” de los 20 años anteriores. Ejercían una lucha basada en el cuestionamiento del orden mundial, pero concretada en enfrentar el agronegocio, el uso de los Organismos Genéticamente Modificados y la defensa de las semillas, en especial, las que están vinculadas y son el centro de complejas relaciones sociales implícitas en las prácticas locales campesinas e indígenas como el maíz.

La respuesta de esta red de movimientos ecológicos, campesinos y formas de poder popular como consejos comunales, fue organizarse en función de desarticular los mecanismos de control y concentración, no solo para sortear la coyuntura y el sabotaje a la estabilidad política, sino con fines más amplios como la propuesta de una nueva Ley de Semillas en Venezuela. Del otro lado las corporaciones, que mediante argumentos técnicos en ocasiones facilitados por la academia, o el control político del Estado, han ganado espacios de control de la vida humana y no humana ante amenazas como el agotamiento global de los suelos fértiles, acceso al agua, necesidad de la diversificación de las fuentes de energía y tensiones por el control de los territorios y, con ellos, de espacios de agrobiodiversidad local como el conuco. Por ello han intentado transformaciones y más control de los marcos normativos alcanzados por los movimientos sociales. El llamado era “a la justicia en las distintas esferas sociales, en la economía, en la cultura, en la producción de conocimiento y en la valoración de la naturaleza como objeto y sujeto de derecho”^[28], incluyendo la reapropiación de la naturaleza, la autogestión de sus recursos productivos, una mejor distribución de esos recursos, la riqueza social dentro del modo de producción dominante, el reconocimiento de sus derechos e intereses en el marco de las normas jurídicas y de los procesos institucionales de representación, en fin, un nuevo orden social. Por eso Buitrago critica la realización de una lectura economicista y productivista como forma de invisibilización del tema de las semillas, reivindicando su dimensión sociopolítica y cultural. Lo notable del Movimiento Popular por la Nueva Ley de Semillas en Venezuela fue la presencia y debate de gente de territorios rurales y urbanos diversos alrededor de todo el país, desde el año 2012, en la construcción colectiva de la propuesta de ley.

En diciembre de 2015, justo antes de que la Asamblea Nacional fuera tomada por partidos afines a las corporaciones trasnacionales, fue aprobada la Ley de Semillas. Ese mes las elecciones legislativas habían sido ganadas por el antichavismo en condiciones de sabotaje y boicot económico contra la población. Algunos elementos centrales^[29] de la ley son los siguientes:

La diferenciación de dos sistemas: 1) el sistema de las semillas sujetas al régimen de certificación, y 2) el sistema de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente.

• Reconocimiento del Poder Popular organizado en diferentes instancias de resguardo y protección de la semilla local, campesina, indígena y afrodescendiente, los sistemas participativos de garantía de calidad, centros de acopio y resguardo de semillas, así como las maestras y maestros-pueblo y las formas tradicionales de organización popular.
• Creación de las licencias de semilla libre como un mecanismo legal que protege los conocimientos e innovaciones asociados a la semilla de las patentes y derechos de propiedad intelectual. Las licencias libres creadas en la nueva Ley de Semillas tienen como finalidad proteger las semillas de la apropiación privada que restringe los derechos de mejorarlas, utilizarlas y compartirlas, a través de un contrato de derechos no exclusivos, es decir, estas licencias de semilla libre garantizan el carácter antipatente del Proyecto de Ley de Semillas.
• La prohibición y sanción de la producción, importación, comercialización, distribución, liberación, uso y multiplicación de semillas transgénicas, reconocidas como una amenaza para la agrobiodiversidad, para la salud de los pueblos y para la soberanía del Estado.
• El reconocimiento y revitalización de los conocimientos tradicionales asociados con las semillas indígenas, campesinas y afrodescendientes como patrimonio de los pueblos y de la nación.
• La promoción de los sistemas de producción, distribución, circulación, intercambio y consumo de las semillas indígenas, campesinas y afrodescendientes bajo el principio de corresponsabilidad.

Ser conuco para ser más naturaleza

Es siempre vigente la necesidad de partir de que un modo de producción agotado como el capitalismo, que en Venezuela se expresa en la dependencia rentista, no será reemplazado por derivaciones de sí mismo. Una razón de peso es que su efecto deletéreo sobre lo vivo ya es inocultable. Tanto su fragmentación del conocimiento como sus mecanicismos impiden coexistir a la gente con las múltiples conexiones funcionales que proporcionan los procesos asociados al conuco. Más allá de lo termodinámico o biogeoquímico está lo cultural y lo relacional, y allí la superioridad como imaginario de la especie humana es parte del problema que obstaculiza el tránsito hacia otra cultura. El asumirse naturaleza permitirá que se produzca un pensamiento más allá de la extracción, saqueo y explotación de la vida, humana o no. En infinidad de pueblos habita esa “obstinación” por vivir y por ser desde la vida, por eso la cultura popular resiste y, cada vez que puede, contragolpea para dejar de ser una pieza dentro de la fábrica o una parcela dentro del latifundio, es una decisión política y no simple rebeldía.

Dice El Cayapo^[30] que “Solo la obstinación de vivir hace posible que millones de personas en el planeta produzcan comida con el método conuco, en donde la inversión es una unidad energética y se obtiene como mínimo dos unidades, con altísima eficiencia aun en toda su precariedad, en sitios inhóspitos y de difícil cultivo donde fueron arrinconados indígenas, africanos, asiáticos, todos trabajadores del campo, todo esto para que el humanismo como terrateniente ocupara las mejores tierras del planeta”.

La ruta aparece en la creación permanente de pensamiento, cultura y técnica, no el “úselo y bótelo” de una modernidad que espera recetas mágicas y, mientras tanto, fortalece la existencia de unos pocos en detrimento de la desaparición cultural de muchos, no solo de sus costumbres, sino la noción de ser en presente. De este pensar extractivo, de esta cultura esclavista y de su técnica hay que emigrar, pero sin dejar la tierra, porque “si la tierra se usara para producir la cultura necesaria, el aparato de producción sustentado en la explotación desaparecería”³¹·por lo que, además de la movilización social, la creación de un nuevo orden mundial requiere construcción de un nuevo modo de producción.

“El conuco como un modo de producción debe ser conceptuado, porque un modo de producción es un hecho cultural (…) sustentado en las infinitas variantes de la vida. Pensar la cultura conuco implica crear un sistema de pensamiento, porque el capitalismo es un concepto, es cultural, global, totalizador, de pensamiento único”.