Este martes 23 de noviembre, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOEUE), que se desplegó en el marco de las megaelecciones del domingo 21 de noviembre, publicó un informe preliminar que deja por sentado sus apreciaciones sobre el evento electoral, acompañado por una declaración a los medios de la jefa de la Misión, la eurodiputada Isabel Santos.
A continuación, presentamos un análisis pormenorizado de dichas valoraciones, desde un enfoque holístico, interpretando sus primeras conclusiones y detallando las partes del referido documento.
Introducción: Valoración general del informe
El informe publicado por la MOEUE guarda coherencia con los convenios firmados con el Consejo Nacional Electoral (CNE), que le permitió observar las elecciones regionales y municipales del pasado domingo. Vale afirmar que la Misión no se extralimitó en hacer una conclusión totalizante sobre el proceso electoral, ni tampoco asumió una posición de determinar la “legitimidad” o “ilegitimidad” del evento, a sabiendas de que escapaba de sus facultades.
El informe carece de conclusiones que puedan interpretarse como extensivas o inherentes a “validar” o “invalidar” la elección, ya que no refiere de manera negativa y abierta que las mismas carezcan de estándares internacionales. La tonalidad general del documento es pretendidamente ponderada, pues sus valoraciones positivas y negativas se extienden a diversos aspectos del contexto político, de las esferas institucionales, de las organizaciones políticas, de la campaña electoral y de la votación como tal.
Sin embargo, la delegación hace énfasis en diversos temas al detalle que implican un desconocimiento de la dinámica política y social de Venezuela, y del ámbito de aplicación de las leyes nacionales, en muchos casos, con apreciaciones negativas, tendenciosas o incompletas, sin verse claramente justificadas y sin enmienda de contraparte. En otras palabras, aunque en términos generales el informe pretende ser ponderado, aborda elementos críticos de la elección a partir de consideraciones adversas y peligrosas.
Básicamente, las críticas expresadas en el informe se desarrollan en el espectro de lo que ocurrió mediante denominaciones de diversa índole y fuera de las urnas electorales, más que en el acto de votación. El marco de comparación normativa de la Misión, basado en lo que interpretan de la legislación venezolana, es un elemento transversal al documento. No obstante, muchas valoraciones no aclaradas y presentadas sin contextos ni especificaciones lesionan la intención de equilibrio e imparcialidad del informe, inclinándolo hacia posiciones negativas sin relación con lo ocurrido.
La mayoría de estas críticas son fundamentalmente accesorias y laterales, mientras que, en algunos casos, apuntan directamente a la institucionalidad venezolana y evitan reconocer el difícil contexto político del país, hasta hace poco, empujado al preámbulo de un conflicto civil en medio de una alta polarización política combinada con asedio externo y posiciones insurreccionales, muchas de ellas criminales, encabezadas por algunas organizaciones opositoras. La visión incompleta que ofrece la Misión propone un retrato general de la elección, pero sin reconocimiento y lectura mínima del cuadro precedente, lo cual contribuye en gran medida a desbalancear sus conclusiones, insistimos, aparentemente ponderadas.
Marco legal y sistema electoral
La MOEUE reconoce que el sistema legal y electoral venezolano guarda coherencia con los estándares internacionales. Pero afirman que “la falta de independencia judicial y el irrespeto del Estado de Derecho, afectaron desfavorablemente a la igualdad de condiciones y a la imparcialidad y transparencia de las elecciones” (p. 1). La referencia apunta no concretamente al CNE, sino a la Contraloría General de la República, instancia que autoriza al ente electoral a inscribir candidaturas, luego de que cada organización postulante demuestre la idoneidad legal y habilitación de los aspirantes.
La Misión desconoce que el país se reserva los procesos de inhabilitación temprana de personas sujetas o próximamente sujetas a interdicción penal, por faltas administrativas para que asuman cargos de elección o por no presentar requisitos de rigor ante la Contraloría. Además, demuestra su falta de conocimiento sobre el hecho de que estas medidas administrativas procedieron, en la mayoría de los casos, por el no cumplimiento de los inhabilitados a la hora de presentar ante la Contraloría General, de manera oportuna y debida, sus rendiciones de cuenta de patrimonio personal. En ese sentido, el informe impone una tonalidad de acción selectiva por parte de las instituciones venezolanas que no es tal de acuerdo a hechos comprobados.
Seguidamente, argumentan que se trata de actos de “suspensión de los derechos políticos” a los afectados, en deslinde de las normas internacionales. No es así. Las personas que resultaron afectadas por la no admisión de candidaturas por instrucciones de la Contraloría General gozan de los derechos políticos de elegir y participar abiertamente en la vida política, pues solo se vetó la posibilidad de elegirse a cargos públicos, debido al incumplimiento de requisitos de idoneidad ante la institución.
El informe hace especial referencia al Partido Comunista de Venezuela (PCV), siendo el caso de un partido que introdujo, quizá deliberadamente o por negligencia (por la alta ocurrencia), candidaturas sin requisitos cumplidos. No hay casos de judicializados en ese partido, aunque la Misión pretenda hacerlo ver. La delegación presupone, supuestamente de manera coherente a la ley venezolana, que para que un aspirante quede inhabilitado de participar su situación debe estar determinada por una medida judicial. Esto no es correcto. Las leyes venezolanas dejan por sentado que el no cumplimiento de los requisitos de ley referidos a “Declaración jurada de bienes” autoriza a la Contraloría General a inhabilitar.
En otro orden de ideas, el informe señala negativamente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la intervención de partidos, previa a la elección. En esa línea, no menciona que los partidos políticos sujetos a diatribas judiciales internas, por su inmovilidad y en varios casos por sus dilemas abstencionistas y no abstencionistas, sometían a la democracia venezolana a un espacio adverso, privando a electores de algunas de sus tarjetas y ofertas políticas preferenciales. El documento no refleja que, en varios casos, la actuación del TSJ fue oportuna para garantizar los derechos políticos de los electores, quienes no querían que sus partidos se confinaran en diatribas internas, quedando fuera de las elecciones. Vale decir que, por defecto, la MOEUE desconoce la autoridad del TSJ en estos temas, aunque por ley estén dentro de sus atribuciones.
Administración electoral
El informe reconoció, aludiendo a hallazgos de su observación, que el actual CNE es “más equilibrado”. Valoran afirmativamente la presencia de rectores con procedencias opositoras y que la “mayoría” de las decisiones en el ente se tomaron por consenso, reseñando también algunas discrepancias entre los rectores. Sin declararlo abiertamente, hicieron mención al disenso político en la instancia, lo cual es natural e inherente a una democracia.
La MOEUE valoró afirmativamente que el desarrollo del calendario electoral y la elección se llevaron a cabo con eficiencia. “El CNE publicó el cronograma electoral en junio, junto con la convocatoria de elecciones, e implementó la mayoría de sus actividades de acuerdo con él y de manera eficiente” (p. 5). La Misión hizo referencia a los procesos de auditoría, aunque refirieron solo 16 de las 18 que se realizaron íntegramente, incluyendo el día de la elección.
“El cronograma electoral del CNE incluyó 16 auditorías de diferentes etapas del proceso electoral, desde el registro electoral y el sistema automatizado de votación hasta la configuración de las máquinas de votación antes de su despliegue a los estados. En la mayoría de estas auditorías estuvieron presentes representantes de los partidos políticos, así como observadores nacionales, lo que constituyó una importante medida de transparencia” (p. 6).
Sin embargo, en su apreciación sobre el proceso de auditoría, indican que los partidos políticos participaron en la “mayoría” de las auditorías. Eso no es correcto. Los partidos políticos participaron en todas las auditorías y ello incluyó a los partidos de las diversas oposiciones al chavismo. Además, el informe incluyó valoraciones altamente afirmativas sobre el proceso automatizado del voto en Venezuela, destacando su eficiencia, oportunidad y seguridad. En rasgos generales, la Misión propone una opinión favorable en este ítem.
También valoraron afirmativamente la formación a los miembros de mesa, la ponderación empleada por el CNE para que los partidos propusieran a sus testigos y los métodos de nombramiento de testigos accidentales, por ausentismo de miembros de mesa previamente electos. Cuestionó la campaña divulgativa institucional del CNE, asegurando que “Las actividades de educación cívica y electoral del CNE fueron insuficientes. El monitoreo de medios de la MOEUE identificó tres spots institucionales de educación electoral del CNE” (p. 6). Frente al volumen de material informativo institucional desplegado por el CNE, es evidente que la delegación solo destacó una pequeña parte de lo divulgado. Sin embargo, hizo una mención ponderada de las ferias electorales, del simulacro electoral y otros elementos divulgativos y organizativos de la elección.
Registro Electoral
El informe registró detalles sobre el registro electoral, reconociendo que el sistema estuvo abierto a inscripciones y modificaciones. Señaló que hubo un proceso de auditoría al registro y que este fue depurado. Sin embargo, la Misión no hizo valoraciones sobre el proceso de depuración de la data de electores, que consistió en un importante proceso de exclusión de personas fallecidas. Vale decir que ese dato es sumamente relevante en elecciones en cualquier lugar del mundo, particularmente en Latinoamérica. Un elemento que fue omitido y desestimado.
Empleando fuentes sin especificar, la MOEUE remarcó que hubo un “subregistro” de 3,4%, cifra que podría ser mayor incluso por el factor migración. No aclara que el registro electoral en Venezuela es voluntario, que no puede hablarse de “subregistro”, dado que ello concierne a la discrecionalidad de cualquier persona que cumpla mayoría de edad. Tampoco puede catalogarse de “subregistro” si un venezolano de 18 años se va del país y no regulariza su situación en donde se establece.
Sin embargo, el informe hace una valoración que cabe resaltar y que, aunque lo comentan en el ítem del Registro Electoral, es clave para valorar la participación general en la elección. “Casi seis millones de venezolanos han emigrado. Aunque en las elecciones regionales y municipales no hay voto en el exterior, el alto número de migrantes altera la tasa de participación” (p. 8), señala. Para el tipo de elección del pasado domingo, no aplicaba el voto de venezolanos en el extranjero.
Aunque la cifra que ofrece es sumamente endeble por no contar con respaldo oficial, afirma de manera tácita que la participación real de venezolanos, en el país, facultados para votar, es sumamente significativa. Deja pasar la oportunidad de desarrollar ese punto, pues acorde a su propio criterio pudieron estimar la presencia en el país de 15 millones de electores registrados. Frente a una votación de casi 9 millones como la registrada en estas elecciones regionales y municipales, vale decir entonces que fue alta. Por omisión deliberada y por desconocimiento de las sinergias políticas nacionales, la Misión pudo tomar partido para asegurar que la elección no puede ser infravalorada por la participación del 42,26% del Registro Electoral que votaron el 21 de noviembre.
Inscripción de candidatos y partidos políticos
En el infome se explicaron las fases de la inscripción de candidaturas. Reconoció que el CNE otorgó prórrogas en tres oportunidades a solicitud de los partidos opositores. No obstante, se definió como “controvertida” la situación en el estado Miranda, desde la renuncia del abanderado de MUD-Unidad, Carlos Ocariz. Se alegó el lapso extemporáneo del retiro de la candidatura, acorde a la posición oficial del ente comicial.
El informe no señaló que las disputas internas opositoras fueron cruciales y amenazantes al buen cumplimiento del calendario electoral. La plena omisión de esa realidad objetiva deja por sentada la idea de patrones arbitrarios del CNE para inscribir candidaturas. No fue así. La Misión debió reseñar ese contexto externo al ente comicial, que resultó peligroso para el buen desarrollo de los tiempos administrativos y técnicos de los comicios. En el ítem de la inscripción de candidaturas se pone en el centro, nuevamente, el caso del PCV. “El CNE rechazó 27 candidaturas por inhabilitación política de la Contraloría General. Entre ellas, 14 afectaron al Partido Comunista de Venezuela (PCV). El PCV alegó que las inhabilitaciones no estaban precedidas de ninguna investigación o decisión legal” (p. 8).
Aquí nuevamente la Misión incurre en una interpretación errada de las leyes venezolanas. La Contraloría General de la República, instancia del Poder Moral, no depende de prelaciones como interdicciones penales, o fallos judiciales, para determinar si un aspirante electoral cumple con sus requisitos para habilitarlo como aspirante a cargos públicos. Ese factor de interpretación lesiona el balance del informe, pues fabrican con ello el relato de que estas medidas son parte de un patrón selectivo donde no se da cabida a los actores políticos. Se omitió que muchos candidatos lograron inscribirse luego de que se suprimieran causas judiciales, órdenes de captura e inhabilitaciones políticas por hechos dolosos administrativos y penales.
Es decir, la delegación europea omitió todo el proceso de paz política, acuerdos en diálogos, distensiones, que han permitido que varios presuntos infractores, incluyendo quienes tienen claros indicios de haber cometido delitos de “traición a la patria”, participaran. Esa omisión es clave porque desbalancea el informe omitiendo el contexto político, las presiones internas y externas, los ciclos insurreccionales de violencia armada, que ha sufrido el país en años recientes. Vale decir que varios políticos que participaron en el intento de golpe de Estado frustrado del 30 de abril de 2019, que fue público, notorio y comunicacional, estuvieron presentes en la elección sin restricción alguna. Ello desmonta todo señalamiento de que existiera exclusión en los procesos de inscripción de candidaturas. De ahí que sea importante analizar el informe no solo por lo que dice, sino por lo que omite.
Entorno de campaña
El informe sostuvo que se respetó la libertad de reunión en la campaña. Pero toman elementos poco relevantes que desbalancean sus conclusiones. Entre ellos: “interlocutores de partidos de oposición de la MOEUE denunciaron el acceso desigual al combustible como un factor que limitó su libertad de movimientos, algo que fue confirmado por organizaciones de la sociedad civil” (p. 9). La Misión omitió que la crisis por combustibles es transversal y nacional. Evidentemente, tampoco refirieron que se trata de coletazos de medidas coercitivas y unilaterales promovidas y apoyadas por la propia Unión Europea.
En este sentido, durante la presentación del informe, un periodista argentino preguntó a Isabel Santos si los impactos del bloqueo económico y comercial contra Venezuela habían sido recogidos en el documento como parte de las afectaciones generales a la vida democrática del país. Santos afirmó que ese tema no fue tratado porque solo se hizo referencia a las condiciones de la elección, y que no se iba a pronunciar sobre las sanciones en ese momento. Así, la jefa de la Misión evadió la pregunta, quedando al mismo tiempo en una posición de incomodidad, ya que el documento sí dedica varias páginas a describir la situación de deterioro económico del país, pero sin establecer una relación directa con las medidas coercitivas unilterales, lo que implica un blanqueo tácito de la política de presión del bloque europeo.
A lo largo del informe, la Misión reconoció que pudieron movilizarse por todo el país con libertad y sin mayores impedimentos, y ello incluyó su presencia en actos de campaña. “La MOEUE asistió a 120 actos de campaña en 22 estados y el distrito capital. El ambiente fue tranquilo y pacífico, sin incidentes ni situaciones de gran tensión” (p. 9), alegaron positivamente. Reconoció, además, que las movilizaciones del chavismo fueron “tres veces más grandes” que las opositoras. Pero alegaron que “en el 23 por ciento de los actos del PSUV se presionó a los ciudadanos para que asistieran, mientras que esto solo se vio en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición” (p. 9). En el informe no se detalla a qué se refieren con “presionar” ni cómo lo constataron.
Este elemento es de atención, porque da a entender que el gran volumen de las movilizaciones del chavismo obedece a ese factor de “presión” no especificado con claridad. Omiten, por ejemplo, que las movilizaciones del chavismo se efectuaron mediante un solo bloque unitario de partidos, entretanto las oposiciones acudieron políticamente dispersas a la elección y, por ende, su convocatoria en actos fue naturalmente menor. Incluso en su explicación de este punto omitieron que varias fuerzas opositoras provienen de un periodo abstencionista que hizo menguar el entusiasmo de sus seguidores.
El peligroso señalamiento de la “presión” es clave en este punto del informe, pues aparece como un elemento sin aclarar, sin detallar, y que solo refuerza el relato de una “dictadura”, como narrativa funcional a mecanismos de presión contra el país. El informe hace un especial énfasis en el tema del uso de recursos del Estado en la campaña. “La MOEUE observó el uso de recursos del Estado en el 30 por ciento de los actos de campaña del PSUV y en el 2,5 por ciento de los actos de la oposición” (p. 9), enfatizando el relato de elecciones “injustas” fuera de las urnas.
Debe considerarse ese ítem como un factor medular del informe, pues supone un soporte a la tesis de “ventajismo”, aunque la Misión señala que incluso los opositores usan recursos del Estado desde las instituciones en la que están posicionados. Valoró negativamente que funcionarios públicos participen durante la campaña. “Se observó la participación de funcionarios públicos en actos de campaña en 16 estados” (p. 9), aseveración que contribuye a la narrativa del ventajismo en el marco de un desconocimiento de las leyes y de la vida venezolana. Los funcionarios no pierden sus derechos políticos para participar activamente en campañas.
El informe hizo otra referencia de atención. “Se utilizaron las vacunaciones con fines de campaña en tres estados” (p. 9). Aunque refieren una situación particularizada en solo tres regiones, es un punto a subrayar porque hay que determinar hasta qué punto se trató de la vacunación como vehículo de campaña, o si se trató de aprovechar la campaña política para promover la vacunación. El esquema de vacunación en el país, primero en centros asistenciales, y ahora en farmacias, centros comerciales, plazas y vías públicas, aprovecha la afluencia y la concentración para abordar a la población. Este puede ser otro posible rasgo de desconocimiento de las realidades nacionales por parte de los los observadores.
La Misión reconoció que el CNE fiscalizó la campaña:
“El CNE contrató y capacitó a 2.000 fiscales para vigilar y documentar las violaciones de las normas de campaña. El CNE anunció la apertura de procedimientos administrativos contra seis candidatos y tres partidos políticos por violaciones de las normas sobre propaganda política. Los candidatos y partidos afectados habían sido advertidos previamente, pero como no adoptaron las correcciones solicitadas, el CNE tomó medidas cautelares y suspendió la emisión de los anuncios en cuestión” (p. 10).
Sin embargo, más adelante, indicó que el CNE “no sancionó las violaciones a las normas de campaña y el uso de recursos del Estado” (p. 10). Es necesario detenernos en este punto para aclarar que la delegación omitió que el criterio dispuesto del CNE fue el de mediar y corregir las irregularidades sin promover las sanciones como punta de lanza de su política. Esto obedece al caldeado clima político venezolano, país donde incluso el presidente Hugo Chávez y el presidente Nicolás Maduro terminaron sancionados por la instancia comicial en determinados momentos. Sin embargo, en el frente de la opinión pública, cualquier sanción a candidatos opositores solo alentaría la deslegitimación de la elección, el abstencionismo y el descrédito político general a las instituciones.
Nuevamente, el informe falló al interpretar el marco político interno. El CNE amonestó a varias candidaturas del chavismo, incluyendo a Héctor Rodríguez, candidato en Miranda, el bastión electoral más importante del país luego de la ciudad capital. Al omitir la política de corrección y diálogo del CNE para que los amonestados atendieran las faltas, la MOEUE desconoce la política de mediación que también coexiste en la norma electoral junto a las sanciones. Sin embargo, es importante aquí la lectura del cuadro político. Las sanciones a candidatos suelen ser mediáticamente maltratadas, manipuladas de manera tendenciosa y en muchos casos deslegitiman al árbitro electoral y a la democracia. El contexto político precedente puso al CNE a resguardo de las nuevas garantías ofrecidas, por eso medió con amonestaciones y diálogos.
A pesar del desbalance de la MOEUE en este ítem, fueron rigurosos en justificarlo desde el plano normativo venezolano. Ese es un elemento relevante.
Medios de comunicación
La delegación detalló su balance en la lectura de medios, emanando valoraciones fundamentalmente adversas. Aunque reconoció que varios partidos opositores de la Alianza Democrática asistieron a medios estatales, calificaron la situación como desbalanceada, dado que no registraron buena presencia de dirigentes de la MUD en medios estatales.
El punto débil de esa valoración es que por razones de discrecionalidad política, muchos dirigentes de la MUD no asistieron a medios estatales o vinculados con el chavismo. El desconocimiento de la Misión del contexto venezolano debilita la ponderación de su informe. Muchos dirigentes de la MUD son señalados, por alas más duras de la derecha venezolana, de “convivir” y “colaborar” con “la dictadura”, por ello no quieren verse retratados con el chavismo bajo ningún concepto, ni en apariciones públicas ni en debates televisivos. De ahí que muchos no quisieran aparecer en medios chavistas o estatales. Prefieren no abordar ciertas audiencias y focalizar su campaña en otros espacios comunicacionales con alcance entre opositores.
La omisión de esos elementos hace ver el manejo de medios estatales en una situación desproporcionada en la elección. El informe es crítico fabricando una supuesta hegemonía comunicacional del chavismo. No es así. La inmensa mayoría de los medios en Venezuela, en todos los espectros, son privados y de tendencia opositora.
Sobre la campaña en redes sociales, la delegación no tomó en cuenta que el presidente Maduro denunció públicamente que el PSUV no logró contratar publicidad en redes sociales, alegando el bloqueo e imposibilidad de tratos con las plataformas de redes. Básicamente, el bloqueo al país afectó la pluralidad de las campañas por vías digitales, vulnerando la campaña política de manera desfavorable al chavismo. Fue una denuncia grave y omitida por el documento. Se cuestionó las apariciones de Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, tanto en actos de gobierno como en el programa del primer vicepresidente del PSUV.
Participación de las Mujeres
En este apartado, el informe asegura que la paridad de género y el acceso de las mujeres a la representación política solo “se cumplió parcialmente”. Sin embargo, en lo sucesivo, reconoce que la inscripción de candidaturas femeninas alcanzó el 49,44% del total, cifra que se encuentra dentro de los márgenes instruidos por el CNE de entre 40% y 50% para garantizar la paridad.
Más adelante, indican que la proporcionalidad se cumplió en las candidaturas para los consejos legislativos municipales y estadales, pero que, en el caso de gobernaciones y alcaldías, se cumplió el requisito inscribiendo a candidaturas femeninas de suplentes. No obstante, el informe es poco específico en si estas modificaciones alteraron la cifra inicial de inscripciones y abre sospechas sobre si la afirmación de “se cumplió parcialmente”, refiriéndose a la paridad, es una valoración más general que técnica, de acuerdo a los propios datos presentados, que vienen a confirman su cumplimiento a cabalidad.
Además, la Misión felicita al partido opositor Un Nuevo Tiempo por su “estructura proactiva para el empoderamiento y la capacitación de las mujeres”, pero no la relaciona con la instrucción del CNE directamente, lo que podría entenderse como una consideración subjetiva que entroniza y sobredimensiona el papel de determinados actores políticos sobre otros.
Participación de Personas con Discapacidad
El informe reconoce los mecanismos e instrumentos que el CNE ha emprendido para facilitar la participación electoral de este sector, tanto a nivel de candidaturas como de votantes. Asegura que debido a “prejuicios sociales”, las PcD tuvieron dificultades para ser nominados y hacer campaña; sin embargo, no profundiza en esta afirmación, tampoco especifica sobre los prejuicios enunciados ni ofrece datos probados que sustenten su hipótesis general.
En la parte final de este punto, aseveran que “representantes de las PcD” criticaron el voto asistido por no garantizar el secreto del voto, sin embargo, no hace referencia directa a ninguna organización en concreto y asume como cierto que dicha asistencia compromete los estándares internacionales, lo que podría evidenciar la promoción de una versión parcializada y motivada políticamente, que no tiene asidero en hechos constatables.
Participación de Minorías Étnicas
En este punto, la Misión realiza valoraciones generales sobre la situación socioeconómica general de la población indígena y la relaciona directamente con el ejercicio del derecho al voto, destacando una afectación de carácter negativo. Incurre en una contradicción de criterios cuando intenta explicar el funcionamiento de las elecciones indígenas, establecida de acuerdo a sus costumbres y configurada a partir de una selección directa de voceros que luego votarán por los representantes defintivos a los consejos legislativos estadales y municipales en un proceso de dos etapas.
Más adelante, el informe muestra una visión parcializada y lesiva, ejerciendo como una cámara de ecos de organizaciones indígenas no identificadas que consideran que la metodología carece de “legitimidad y […] compromete el derecho constitucional al voto directo y secreto”, aun cuando, al mismo tiempo, se reconoce que dicha elección se corresponde con la cosmogonía de las poblaciones indígenas. La Misión, en tal sentido, le otorga un carácter de representación general a organizaciones indígenas (difuminadas) que bien podrían ser minoritarias y con agendas políticas explícitas, y claramente en contra de que dichas poblaciones empleen mecanismos propios y consuetudinarios de selección de cargos públicos.
Sociedad civil y observación electoral
En este ítem, el informe afirma de manera lesiva que las observaciones nacionales se ven limitadas en su funcionamiento y despliegue, cuando, en realidad, se trata de que sus actividades estén circunscritas al orden regulatorio del CNE, como ocurre en todos los sistemas electorales del mundo. La MOEUE no hace énfasis en que, durante esta elección, se desplegaron misiones de observación de la sociedad civil. Minimiza la observación ciudadana, cuestión que ha sido relevante a diferencia de otras elecciones en el pasado reciente.
Sin embargo, la Misión se contradice, asegurando más adelante que “los observadores nacionales no manifestaron ninguna limitación en cuanto a la libertad de movimiento o de expresión”. Además, indica que las condiciones especiales otorgadas a la Misión tras la firma del Acuerdo Administrativo con el CNE generó críticas en las organizaciones de la sociedad, sin comentar o especificar cuáles, generando recelos innecesarios entre las entidades de veeduría.
Reconoció que el CNE tuvo que modificar su normativa para hacer posible que ellos se desplegaran con algunas atribuciones especiales, pero no refieren de manera taxativa que ello fue producto de un esfuerzo político e institucional muy relevante. El informe no señala mayores elementos sobre la existencia de otras misiones de observación, otras misiones de acompañamiento y otras misiones de veeduría. Es decir, diez misiones en total, 300 personas de 55 países. No hubo énfasis en resaltar que las elecciones del 21 de noviembre fueron sumamente observadas y acompañadas, y, además, no hacen alusión a que en Venezuela existe una amplia tradición en esta materia.
Votación y recuento
El informe establece valoraciones generales donde verifican que el proceso de votación fue pacífico, organizado y eficaz, aunque refirieron “retrasos” en casos minoritarios. La MOEUE alude que hubo “coacción a votantes”, una peligrosa afirmación, nuevamente mediante una versión poco detallada y sin justificación, que desconoce los procesos sociales y políticos del país, pues seguramente su referencia apunta a los mecanismos utilizados por el chavismo para desplegar su maquinaria de búsqueda y convocatoria de votantes previamente contactados el día de la elección.
En ese punto, aluden nuevamente situaciones negativas fuera de los centros electorales, más que en las propias urnas. Alegaron un “abuso del voto asistido”, sin detallar qué tipo de “irregularidades” se detectaron en este ítem. No aclararon si se trataba de personas mayores poco familiarizadas con las máquinas, o si se trató de asistencia al voto no contempladas en la norma.
En el informe se desplegaron nuevas críticas a los “puntos rojos”, sin referir que estos estaban prohibidos por el CNE. Hizo referencia a un tweet del presidente Maduro, donde llamaba a sus seguidores a votar, reciclando el argumento del ventajismo y de la prohibición de hacer campaña, con el cual pretende despojar al presidente de sus derechos políticos y de su uso discrecional de redes sociales personales.
En referencia a los procesos técnicos del CNE, no hizo valoraciones adversas. En términos generales hicieron referencia positiva de los procesos de instalación de mesas, voto automatizado, escrutinio y transmisión de datos, todo en calificativos favorables.
En las mesas en las que la máquina no pudo transmitir los resultados, los miembros de mesa actuaron según los procedimientos establecidos en el 78 por ciento de los casos, mientras que en el 22 por ciento de las mesas observadas no se siguieron los procedimientos”, indicó el informe. “El recuento de los comprobantes de papel se consideró bueno o muy bueno en el 77 por ciento de los centros de votación observados” (p. 16).
En términos holísticos, la valoración que hace la MOEUE sobre los procesos concretos del voto es favorable al CNE. Aunque la mayoría de las apreciaciones adversas apuntan a situaciones fuera de las urnas, en todo el proceso posterior al ejercicio del voto por parte de los electores, como la totalización, las auditorías, la transmisión de datos, entre otros, la Misión no establece elementos negativos de relevancia. La Misión omite que el día de la elección el CNE audita voto a voto, acta a acta, máquina a máquina, el 54% de las mesas. Venezuela implementa una auditoría masiva sin que sea necesaria una impugnación, demanda judicial o reclamo por alguna de las partes y ello no fue reseñado.
Conclusiones
Es indispensable separar las implicaciones del informe de la Misión dentro de los ámbitos estrictos de sus apreciaciones y el uso que este informe tendrá en el ámbito político. Aunque el informe es, en buena medida, pretendidamente ponderado, pero desbalanceado acorde a nuestra lectura, vale referir que termina siendo mucho menos adverso de lo que se estimaría en un contexto como el de Venezuela, donde factores de fuerza y presión externa como la Unión Europea se han apuntado para cuestionar la legitimidad institucional del país.
Es preciso reconocer que una instancia cooptada por agendas de asedio a Venezuela, como la Unión Europea, arrastra consigo una elevada desconfianza en el país latinocaribeño para determinar parámetros creíbles de democracia. El aval que dicha instancia ha hecho a favor del espurio “gobierno interino” de Juan Guaidó deja expuestas sus líneas difusas y endebles sobre la democracia en sentido general. Sin embargo, la Unión Europea, discrecionalmente y mediante su Misión, ha preferido elaborar un informe que le permita maniobrar en las contradicciones internas de la política europea, otorgando validaciones positivas fundadas en hechos, pero reseñando elementos negativos fijados en interpretaciones erradas, inferencias, magnificaciones y generalizaciones accesorias y laterales, que sirven a los relatos de desconocimiento a Venezuela y su supuesta “dictadura”.
Este informe debe considerarse instrumental a los fines de responder a las propias presiones que rodean a Josep Borrell, dictaminando “avances”, “más equilibrio”, pero “deficiencias estructurales”, en un marco donde para el jefe de la diplomacia europea sería un atrevimiento indicar que en Venezuela hay elecciones transparentes. Por eso el informe pretende ser salomónico y está diseñado con un lenguaje multifuncional para ser usado fuera de Venezuela.
Sin embargo, hay nudos críticos en el informe que seguramente serán empleados para fundamentar falsos expedientes y relatos sobre el país y sobre las elecciones. Aunque Isabel Santos ha dicho que el informe no debe ser instrumentalizado por fines partidistas, eso va más allá de su control y ella lo sabe. El documento es desencadenante de elementos peligrosos y lesivos. Por ello es necesario separar lo que es el informe de los usos que tendrá.
El informe preliminar, fuera de su estricto espectro y más bien en su despliegue por los terrenos de la política, ya establece desde ahora la posibilidad de que la Unión Europea proponga consolidarse como factor “observador” de futuros eventos electorales en Venezuela, pero esto concierne solo al poder electoral venezolano, por lo tanto no debe confundirse la tonalidad de informe con los propósitos discrecionales de la Unión Europea y sus actores.
En términos estrictamente objetivos, el informe no debería ser usado para promover acciones lesivas contra la institucionalidad venezolana. Sin embargo, el desequilibrio que desencadena el informe ya desplegado en la diatriba nacional e internacional sobre Venezuela sugiere su utilización como elemento de referencia para apuntar “debilidades estructurales” en los procesos democráticos en el país. Un insumo, más que suficiente, para operadores políticos y mediáticos que insisten en la tesis de una supuesta “dictadura” en Venezuela.
