La ONG Somos reveló una investigación en julio pasado que muestra la injusticia económica en torno a la empresa Moderna, fundada en 2010, que provee una de las vacunas contra la covid-19.
Su director general, Stéphane Bancel, encabeza la lista de las nueve personas del mundo que se hicieron multimillonarias gracias a la pandemia, con una fortuna de 4.300 millones junto a Timothy Springer y Robert Langer, dos científicos accionistas fundadores de la empresa (2.200 y 1.600 millones respectivamente) y el presidente de la compañía, Noubar Afeyan (1.900 millones).
“La vacuna del pueblo”: Se estima que las ventas para 2021 serán de aproximadamente 18.400 millones de dólares, el grupo de consumidores Public Citizen ha apodado al fármaco como “la vacuna del pueblo” porque se ha desarrollado con financiación pública, principalmente del gobierno de EE.UU.
Tanto Moderna como BioNTech (socia de Pfizer) han utilizado sublicencias para sus patentes relacionadas con la tecnología ARNm, que provienen de la Universidad de Pensilvania, un instituto público con financiación pública.
Una patente crucial necesaria para fabricar la vacuna fue desarrollada por científicos de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) de EE.UU. y es propiedad del gobierno de ese país, así como la patente de la propia vacuna, que fue desarrollada en conjunto.
Moderna no ha publicado qué porcentaje de su gasto fue cubierto por la financiación pública, pero sin esos miles de millones la empresa habría necesitado encontrar inversores que asumieran el riesgo asumido por el gobierno estadounidense.
Al centro del despojo estructurado: La Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI), organización sin ánimo de lucro que trabaja en el marco del mecanismo COVAX, les subvencionó 900.000 dólares cruciales para poner en marcha el desarrollo de la vacuna, Moderna la ha vendido hasta ahora a los países ricos del mundo y no ha entregado ninguna de sus primeras producciones a la CEPI, aun cuando aceptó sus “principios de acceso equitativo”.
Por cada dólar de los contribuyentes que se gaste en comprar una vacuna, la empresa obtendrá un beneficio neto de 0,44 dólares, un margen excepcionalmente alto.
Empresas de gestión de inversiones figuran entre las mayores accionistas de Moderna: Ballie Gifford (11,3% de la propiedad) y los fondos buitres Grupo Vanguard (4,7%) y BlackRock (4%).
Paraísos pandémicos: A principios de este año, la filtración a la prensa de un contrato entre la Comisión Europea y la empresa indica que es posible que esta pague pocos impuestos por los miles de millones de euros que va a ganar con la crisis pandémica debido a que acabarán en Basilea (Suiza).
En un Índice de Paraísos Fiscales Corporativos de 2021, publicado por la Red de Justicia Fiscal, Suiza figura como la quinta jurisdicción más cómplice del mundo a la hora de ayudar a las corporaciones multinacionales a no pagar el impuesto sobre la renta y ha sido clasificada como la tercera jurisdicción más secreta del mundo en materia de regulación financiera, sus leyes exigen muy poca transparencia a las empresas.
Además, Moderna tiene muchas de sus patentes en Delaware, estado que alberga a 973.000 personas y aproximadamente 1,5 millones de empresas, conocido por los niveles extremadamente bajos de impuestos que ofrece a las empresas, allí los beneficios generados en todo el mundo pueden quedar sin tributar en gran medida.
Por qué es importante: La crisis sanitaria aumenta con mayor rapidez que las capacidades de producción que impulsen el acceso mundial a las vacunas en los países de bajos ingresos, el secretismo sobre las patentes privatiza mucho más la salud porque no se proporciona la transferencia tecnológica de los conocimientos y datos de fabricación para permitir a otros productores fabricar la vacuna.
La Big Pharma se enriquece a costa de los Estados y la evasión fiscal masiva, lo que profundiza el saqueo en plena pandemia global.
