La decisión del Congreso salvadoreño, dominado por el partido Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, de destituir a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al Fiscal General elevó al máximo las preocupaciones a nivel local e internacional sobre la división de poderes en el país centroamericano.
Escenario: Tal como se había anticipado, la nueva Asamblea Legislativa —con los votos de 64 de los 84 diputados de ese órgano— removió a los cinco magistrados con sus respectivos suplentes y designó de inmediato a sus reemplazos, a los que juramentó sin contratiempos. También destituyó al Fiscal General, Raúl Melara, y nombró en su lugar al abogado Rodolfo Antonio Delgado.
La remoción de los magistrados se efectuó el primer día de funciones del parlamento controlado por Bukele y ocurrió de manera exprés en clara violacion a la Constitución del país, de manera extemporánea, solo bajo denuncias de los parlamentarios, sin derecho a la defensa de los magistrados, sin desahogo de pruebas y sin transitar los debidos procesos.
Contexto: La nación centroamericana había sufrido otra grave crisis política cuando en febrero de 2020 Nayib Bukele irrumpió un domingo en el parlamento escoltado por militares y policías fuertemente armados. Bukele fue al Congreso para exigir a los diputados la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su polémico plan contra las pandillas, llamando incluso a la “insurrección popular” si el legislativo no daba el brazo a torcer.
Los cuestionamientos a la política de “pacificación” de Bukele a los grupos armados yacen en señalamientos de financiamiento y pacto del mandatario con los grupos, donde el uso de recursos públicos sería empleado de manera discrecional y sin rendición de cuentas.
La nueva escalada de Bukele sobre las instituciones judiciales del país también tiene insumos narrativos que envían el mensaje de la imposición por vía de fuerza. Flanqueados por la Policía Nacional Civil, los nuevos magistrados tomaron posesión de sus cargos, al igual que el nuevo fiscal.
Reacciones: Bukele parece haber perdido el favor del gobierno estadounidense. El secretario de Estado Blinken llamó a Bukele para manifestar su “preocupación” por la crisis desatada, al unísono de la Organización de Estados Americanos (OEA), quienes fustigaron la escalada parlamentaria.
Ya se habían registrado roces entre Bukele y la Administración Biden. Hace semanas, Bukele dejó plantado a un funcionario estadounidense que visitó el país para lidiar el tema migratorio. Al parecer, al mandatario salvadoreño era recíproco a un “desaire” similar en Washington a su persona en una visita no anunciada previamente.
Por qué es importante: Es indispensable considerar que EE.UU., con su amplio prontuario de “amistad” con regímenes despóticos (tal como puede constatarse en sus actuales relaciones con algunas monarquías en Medio Oriente), posiblemente esté haciéndole un pase de factura a Bukele por sus vínculos con China. Desde que visitó el país en 2019 su relación sigue fortaleciéndose.
Bukele afianzó recientemente las relaciones de su país con China y en 2019 aceptó un importante paquete de cooperación “no reembolsable”, dejando a un lado la posibilidad de restablecer relaciones diplomáticas con Taiwán. El Departamento de Estado reaccionó e indicó “decepción” por “dar la espalda” a Taiwán. En un comunicado de 2019 (Adm. Trump) criticaron esa visita y declararon que “lo que China hace económicamente en el hemisferio occidental, y en otros lugares, nos afecta a todos”.
Desde entonces, diversos medios alegaron que Washington tenía bajo revisión su relación con El Salvador. Y tal parece que, al igual que en la Administración Trump, el gobierno de Biden aplica los mismos métodos de presión contra China y a quienes se acerquen a ella.
