Voceros de gobierno boliviano y la representación en Bolivia de la ONU constataron que la expresidenta de facto Jeanine Áñez se autolesionó el pasado sábado 21 de agosto y que permanecía recluida en una cárcel de La Paz “debilitada y con problemas emocionales”.
Este hecho ocurrió a pocos días de que un grupo de expertos independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinara que, entre septiembre y diciembre de 2019, integrantes de las fuerzas del gobierno de la exdictadora cometieron masacres y ejecuciones extrajudiciales, torturas y persecución política de carácter racista y misógino.
Un informe con muchas evidencias y poco ruido mediático: El informe del GIEI surgió a partir de un acuerdo con el gobierno de facto de Áñez en 2019, el cual impidió y postergó reiteradamente el trabajo del grupo, y recién pudo comenzar luego de la elección de Luis Arce en 2020.
El GIEI logró consolidar el conocimiento colectivo sobre lo que sucedió en el país en aquellos meses de grave crisis política que incluyeron la renuncia forzada de Evo Morales y la asunción de un gobierno no electo e ilegítimo.
Evidencias destacaron casos de actuación arbitraria, desidia e ineficiencia del poder judicial, con violaciones al debido proceso, uso político del derecho penal y abuso de las prisiones preventivas. Se persiguieron referentes, movimientos sociales, periodistas y activistas, particularmente del movimiento campesino-indígena.
El lunes, el presidente de Bolivia afirmó que “los últimos acontecimientos están dando luces acerca de lo que se tiene que hacer: la forma de pacificar, correcta, real y concreta que tenemos es la aplicación de justicia a la brevedad posible, como piden las familias de las personas que han perdido vidas”.
Una autoagresión de alto volumen mediático: Una delegación integrada por representantes de la Alto Comisionada para los Derechos Humanos (Acnudh) y ONU Mujeres visitó a Áñez, a las pocas horas emitió un comunicado.
Allegados a Áñez dijeron que intentó quitarse la vida mientras el Gobierno señaló que ella sufrió por mano propia lesiones que no revestían gravedad. Según el comunicado de la ONU, Áñez recibió atención médica oficial y “refirió sentirse físicamente debilitada y profundamente afectada emocionalmente”.
El organismo dijo que, si bien se habían tomado medidas de respuesta a su estado, como permitir que uno de sus hijos pernoctara con ella, las normas internacionales establecen que las autoridades penitenciarias “deben implementar estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio”.
El comunicado consideró además “un buen paso” la decisión de las autoridades de efectuar una evaluación psiquiátrica de Áñez, advirtiendo que tal estudio debe ser hecho con consentimiento previo y por profesionales idóneos e independientes.
Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga y Carlos Mesa, expresidentes de derecha, emitieron un comunicado conjunto exigiendo “cualquier medida alternativa que le permita defenderse, resguardando su derecho a la salud, la vida y la integridad” como que Áñez sea sacada de la cárcel por razones humanitarias debido a que el sistema judicial ha rechazado varios recursos de libertad en su favor.
Autoridades de Régimen Penitenciario aseguraron que Áñez goza de un trato especial, con sistema de monitoreo médico exclusivo, alimentación provista por su familia y, desde el fin de semana, permiso para que sus hijos pernocten con ella.
Por qué es importante: Se observa que el intento de suicidio copó los titulares a voluntad de las empresas comunicacionales alineadas a intereses corporativos trasnacionales. Aunque es común la escenificación de situaciones críticas en los sectores golpistas latinoamericanos, lo importante es que se cumpla lo dicho por Arce: “El pueblo boliviano ya no está más para soportar ninguna impunidad ni pactos de silencio”.
