Cuando el proceso de paz se detuvo en Colombia, las comunidades indígenas rurales comenzaron a ser devastadas por la violencia paramilitar. Hasta esta semana, el grupo de derechos humanos Indepaz contabiliza 254 líderes asesinados en lo que va de 2020, mientras que más de mil han perdido la vida desde que se firmaron los acuerdos.
Detalles: Cinco décadas de guerra que dejaron miles de muertos y desplazaron a unos seis millones de personas, es el trágico saldo que cargan a cuestas generaciones de colombianos, esos que vieron en el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, un halo de esperanza ante lo que podía ser verdaderamente el comienzo del fin de la tragedia. ¿Quién no recuerda que esa acción le valió a Juan Manuel Santos, entonces presidente, el Premio Nobel de la Paz?
Luego de que las FARC abandonara gran parte de los territorios bajo su control, nuevos grupos armados se disputan el cultivo de la coca, la minería, la explotación de madera, el control de la producción y el tráfico de droga que tiene clientes de sobra en los Estados Unidos. Para consolidar ese control, los grupos criminales recurren a las masacres.
Datos: En promedio, en Colombia ha habido una masacre cada dos días, de acuerdo con Indepaz, que lleva un registro de los eventos violentos. El New York Times recoge las declaraciones de Giovanni Álvarez Santoyo, director de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): “Después de superado ese umbral de una masacre cada dos días, las probabilidades de retornar a una crisis humanitaria son altas”.
Tanto Indepaz como Naciones Unidas definen una masacre como una matanza con tres o más víctimas. En Colombia, las masacres han sido durante mucho tiempo una medida de represalia para castigar a las personas por trabajar con un rival, o por dar la apariencia de que trabajan para un rival, o como una herramienta de intimidación para mantener a raya a ciudades o pueblos enteros.
La clave: La gran movilización de la Minga indígena ha visibilizado el cansancio de una población -en su mayoría originaria de las zonas afectadas por el largo conflicto armada- que exige respeto a sus derechos y que se tomen acciones severas para frenar las matanzas en contra de líderes sociales, sindicales, cocaleros y firmantes del acuerdo de paz.
Sin embargo, el gobierno de Iván Duque ha ignorado la movilización de la Minga y las cifras que se publican diariamente sobre los asesinatos. Duque ha sostenido su opinión sobre la indulgencia que significó el acuerdo de paz para las FARC y ha ralentizado los procesos de registro de familias que quieren cultivar la hoja de coca de forma legal, arrojándolas así a la violencia que arrasa las zonas de sembradíos ilegales.
“Nosotros no podemos en dos años cambiar 56 años de guerra”, ha dicho Miguel Ceballos, Alto Comisionado para la Paz.
Por qué es importante: La violencia focalizada y los asesinatos selectivos no han mermado en medio del contexto social que impone la pandemia; 187 líderes y 37 firmantes del acuerdo han sido asesinados desde la confirmación del primer caso de Covid-19 en ese país. Ambas situaciones son caldo de cultivo que pueden desencadenar un conflicto más profundo que confrontaría a la población más afectada, a sectores privilegiados de la sociedad, al crimen organizado y al gobierno de turno.
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