Una guerra de acusaciones entre facciones opositoras, problemas sistémicos de corrupción tras el asalto de Guaidó y la intervención de las autoridades colombianas se han juntado para poner al activo venezolano en una situación de extrema vulnerabilidad.
Contexto: La situación de Monómeros volvió a agravarse en días recientes luego de que la Superintendencia de Sociedades de Colombia, un organismo de control y vigilancia adscrito al Ministerio de Comercio del país vecino, decidiera someter a un proceso de control y fiscalización a la compañía venezolana en vista de situaciones críticas en el orden contable, jurídico y económico.
Clave: Esta medida excepcional ha prendido todas las alarmas, ya que implica un allanamiento de la empresa y cuyo propósito es generar las condiciones para una expropiación ilegal y fraudulenta del segundo activo exterior más importante del país después de Citgo.
Escenario: La directiva de Monómeros, impuesta ilegalmente por Guaidó durante el secuestro de la empresa como parte de la operación de cambio de régimen iniciada en enero de 2019 y patrocinada por EE.UU., y modificada en más de una oportunidad en medio de las disputas internas de la oposición, expresó que la medida de la Superintendencia ha provocado la suspensión de las relaciones comerciales con proveedores, lo cual complica aún más la situación financiera de la empresa.
Maniobra: Ante esto, y con el propósito de eludir la decisión de la Superintendencia, la directiva plantea actuar de conformidad con el decreto 560 del gobierno colombiano, lo que le permitiría, en teoría, presentar un plan de recuperación de la compañía.
Guerra por el botín: Actualmente las facciones opositoras protagonizan una encarnizada disputa por el control de Monómeros. El gerente general impuesto ilegalmente por Guaidó, Guillermo Rodríguez Laprea, es señalado de actuar en representación de los intereses del partido Acción Democrática y de cometer actos lesivos contra el patrimonio de Monómeros.
Acusaciones: También se ha señalado que la directiva controlada por Guaidó firmó un contrato de mantenimiento con sobreprecio (por unos 7500 millones de pesos) con Norpack/Génesis, lo que habría supuesto una demanda millonaria a la empresa. Esto se suma a la denuncia de la firma de un convenio con la empresa panameña LionStreet, mediante el cual Monómeros cedió procesos operativos y el 60% de sus ganancias por 15 años.
Un cúmulo de mentiras: En 2020, como parte de una estrategia publicitaria para blanquear la confiscación ilegal empresa, la directiva de Guaidó afirmó que habían logrado recuperar Monómeros, reportando un aumento del 30% en las ventas y de las utilidades en un 224%. No obstante, Carmen Hernández, presidenta de la junta directiva ilegal, quien renunció tras la medida de la Superintendencia, declaró que Monómeros había tenido problemas de validación con la banca colombiana (ya que su principal accionista es Pequiven) y alertaba sobre una preocupante dependencia de los prestamistas. Frente a esto, es lógico inferir que las cifras presentadas al año pasado se debían a manejos irregulares y problemas sistémicos de corrupción que se han vuelto inocultables.
Por qué es importante: El día de ayer se dio a conocer que los dirigentes opositores Juan Pablo Guanipa, Nora Bracho, Piero Maroun y Alfonso Marquina firmaron una carta dirigida al presidente Iván Duque en la que cuestionan las medidas tomadas por la Superintendencia. Guaidó no aparece como firmante, y no podía ser de otra manera, ya que recibió con beneplácito las acciones del gobierno colombiano. La disputa por el control del activo venezolano y la situación de vulnerabilidad que ha traído consigo expone a Monómeros a una situación de incertidumbre y riesgo donde la soberanía venezolana puede verse nuevamente comprometida en su acumulado patrimonial.
