El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, aseguró este miércoles en un encuentro con el presidente Nicolás Maduro, en Caracas, que el caso conocido como “Venezuela I” pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal.
“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, trascendió.
El anuncio fue dado a conocer al público durante la firma de un acuerdo de colaboración institucional entre el Estado venezolano y la CPI, lo que abrirá paso a determinar definitivamente la situación del Estado venezolano y sus representantes ante esta Corte, en seguimiento a denuncias que fueron desahogadas en 2018.
Acuerdo: El documento firmado este miércoles por el presidente Maduro y el fiscal Khan también recoge que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
También se compromete a “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal” en Venezuela.
Reacciones: El presidente Maduro aseguró que “respeta, pero no comparte”, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI. Sin embargo, manifestó estar interesado en la búsqueda de la verdad y refirió que este proceso permitirá una determinación de hechos.
El gobierno venezolano considera que adicionalmente las denuncias deben ser investigadas en Venezuela, dice el documento.
Entretanto, el Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, declaró el convenio como una “victoria institucional”. Considera que la investigación impulsada por la CPI es una oportunidad para demostrar que la nación responde ante los delitos que atentan contra los derechos humanos y que nunca ha incurrido en actos ilícitos que requieran su intervención, “no tenemos nada que esconder”, agregó.
Saludando y felicitando el memorando firmado, Saab declaró que se podrá probar que el país ha avanzado en la búsqueda de la justicia.
Sin embargo, Saab declaró que no se cumplieron con las etapas preliminares previstas en el Estatuto de Roma para pasar de la fase preliminar a la de investigación. Tal como reza el acuerdo, no hay reseñados sospechosos a quienes se le hayan formulado cargos. Adicionalmente no se produjo un intercambio de datos entre la CPI y Venezuela, por lo que no se atendió el principio de reciprocidad.
Por qué es importante: Las autoridades venezolanas en los últimos años han ido individualizando las responsabilidades sobre los hechos de violencia política en 2017 en el marco de las llamadas “guarimbas”.
Pese a eso, la proporcionalidad real de los hechos, tanto en el ámbito de la justicia venezolana, como en el ámbito de la CPI, no tienen coherencia con el desarrollo de la diatriba política y su inmenso alcance comunicacional. En el terreno de los hechos, ni el presidente Maduro, ni otra persona concreta, figuran todavía como investigados por la CPI como autores de “crímenes de lesa humanidad”, tal como ha sido difundido.
El jefe de Estado venezolano, quien confía además en las instituciones, ha previsto el evento como una hoja de ruta para zanjar lo que, a su juicio, ha sido la fabricación de un falso expediente contra el país. Lo que demandará una adecuada y transparente colaboración entre Venezuela y la CPI. El fiscal Khan prometió “no politizar” la investigación.
