Desde el 21 de marzo se desarrolla una ofensiva armada por parte de la FANB contra la presencia de grupos criminales de origen colombiano en La Victoria, estado Apure. Estos actores irregulares han ejecutado ataques contra la población civil con la finalidad de controlar la zona y expandir sus operaciones de narcotráfico.
Dato: El arco temporal y la propia intensidad de los enfrentamientos nos van dejando una conclusión rápida y, no por eso, menos decisiva. Los eventos armados con epicentro en Apure representan la maniobra de guerra tercerizada contra Venezuela con mayor grado de contundencia, prolongación en el tiempo e inversión en material bélico de la que se tenga recuerdo en épocas recientes. Es el intento de intervención enmascarado más peligroso de los últimos años.
Teoría y práctica: Siguiendo los parámetros teóricos del investigador ruso-estadounidense Andrew Korybko, los enfrentamientos pueden enmarcarse en un escenario de guerra no convencional en estricto sentido del concepto, dada la letalidad y violencia física impresa por los grupos armados contra la población civil e instalaciones gubernamentales. El componente de destrucción física y moral es parte esencial de este paradigma de guerra por delegación, como también lo es la maduración de una fuerza “insurgente” que, en el tiempo, desarrolle la capacidad bélica suficiente (con apoyo externo) para desestabilizar el funcionamiento de las fuerzas militares del país atacado.
La clave: Esta agresión contra la soberanía venezolana implica la fase superior de la Operación Gedeón, desplegada sin éxito en mayo del año pasado. A su vez, la proyección de grupos criminales hacia Apure se alimentó de otras maniobras (fallidas) anteriores que delinearon la frontera como un campo de batalla e intervención extranjera:
- El intento de ingresar por la fuerza un convoy de falsa ayuda humanitaria vía Cúcuta el 23 de febrero de 2019.
- El pacto entre Juan Guaidó y Los Rastrojos que “autorizaba” las actividades criminales de la agrupación paramilitar una vez fuese derrocado el presidente Nicolás Maduro.
- La penetración paramilitar y la transferencia de armas, entrenamiento y logística desde Colombia hacia grupos violentos de extrema derecha contratados por la oposición venezolana durante las fallidas “revoluciones de color” de 2014 y 2017.
Explicación: Hasta ahora, los intereses del narcotráfico demarcan la motivación de controlar el eje Arauquita-Puerto Páez –principalmente- por parte de los grupos criminales. Incluso, el abandono del gobierno de Iván Duque de la frontera después de la ruptura de relaciones bilaterales con Venezuela ofrece una retaguardia segura para nuevas expediciones a futuro. Momentáneamente, y aunque muchos intereses políticos deben estar empujando la agresión armada en una dirección de cambio de régimen directo, no es visible un cambio de objetivos más allá del control específico del eje comentado. Sin embargo, no se descarta ese punto de giro, mucho menos a sabiendas de los intereses reales que operan en Bogotá y Washington.
Por qué es importante: La embestida de grupos armados en Apure se proyecta, hasta los momentos, como una operación de desgaste orientada a probar la capacidad de respuesta de la FANB, la eficacia de su infraestructura, tropas y arsenal bélico, de cara a posibles nuevas expediciones contra la soberanía venezolana, dirigidas, como es usual, por actores de poder en Nariño con respaldo en la Casa Blanca. No es descartable la existencia de un elevado nivel de improvisación en las maniobras que intentan articular políticamente los eventos en Apure. Y no únicamente por la imposibilidad de difuminar las complicidades (militares y políticas del lado colombiano) durante mucho más tiempo, sino por la excesiva confianza de operadores políticos y mediáticos en las capacidades reales de los grupos criminales.
