El pasado 13 de julio, la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, asistió al Consejo de Seguridad de la ONU que se realizó una vez publicado el informe de la Misión de Verificación del organismo en Colombia sobre los avances del acuerdo de paz, firmado en 2016 entre el Gobierno y las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
La diplomática dijo que las protestas sociales registradas en Colombia desde el pasado 28 de abril “no obedecen al incumplimiento” por parte de Iván Duque de los compromisos adquiridos por el Estado.
Datos de desplazamientos: Recientemente, la Defensoría del Pueblo de Colombia informó que en el primer semestre de 2021 hubo 102 eventos de esta naturaleza, frente a los 51 que se registraron en el mismo período del año anterior.
La violencia en los territorios propició la movilización forzada de 44 mil 290 personas, pertenecientes a 15 mil 340 familias, tres veces más que los 13 mil 912 colombianos que huyeron en la primera mitad del año pasado.
Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Chocó, Antioquia, Córdoba, Norte de Santander, Risaralda y Arauca fueron los departamentos más afectados por estos eventos relacionados con el interés de los grupos armados ilegales por los cultivos para uso ilícito, la disputa por el control del narcotráfico y de las rutas de contrabando y la extracción ilegal de minerales.
Un 59 % de casos impactó a las comunidades indígenas y afrodescendientes y un 41 % a los campesinos.
Se registraron 68 eventos de confinamientos que obligaron a 36 mil 101 personas de 192 comunidades a quedarse dentro de sus territorios.
Justicia y verdad no localizadas
A finales de 2020 y comienzos de 2021 la Fiscalía colombiana adoptó el término “homicidios colectivos” u “homicidios múltiples” para referirse a las 91 masacres ocurridas el pasado año y a las 50 que van en el actual, según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).
En vez de hablar de desapariciones forzadas, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía describen como “no localizadas” a las personas cuyo rastro se perdió durante el paro nacional y sus subsecuentes protestas. Tal categoría que no está contemplada en los documentos suscritos por el Estado colombiano.
El pasado 31 de mayo, ambas instituciones reportaron 111 “personas no localizadas”, y solo cuatro denuncias por desaparición forzada: dos en Antioquia (Zaragoza y Caldas) y una en el Valle del Cauca (Yumbo). Solo asumen que hay desaparición forzada cuando los casos cuentan con una denuncia penal por ese delito.
Por su parte, Indepaz reveló que 346 personas estarían desaparecidas mientras que 23 organizaciones defensoras de derechos humanos, agrupadas en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia, registraron a 327 personas reportadas como desaparecidas.
Las organizaciones sociales rechazan el eufemismo por ser una declinación de las obligaciones de investigar, procesar y sancionar los casos de desaparición forzada.
Por qué es importante: Las cifras mostradas son evidencia de que los acuerdos de paz no se están cumpliendo y así lo han hecho saber las organizaciones sociales de los territorios afectados por el conflicto durante el paro nacional.
Aunque la canciller atribuye los asesinatos en protestas a actores infiltrados, los activistas denunciaron que en los dos primeros meses de paro hubo 75 asesinatos, 44 presuntamente perpetrados por la fuerza pública, además la Policía Nacional ha abierto más de 200 investigaciones por presuntas faltas disciplinarias, incluidas 16 por homicidio.
Ramírez también afirmó que las protestas son resultado de los efectos de la pandemia de covid-19 obviando la violencia estructural basada en la injusticia, motivo principal de las protestas y expresada en constantes masacres, desapariciones y desplazamientos.
