El 14 de febrero hubo otra movilización masiva en Puerto Príncipe, capital haitiana, en rechazo a lo que opositores a Jovenel Moïse consideran un gobierno ilegítimo. Miles de miembros de diversas organizaciones de la oposición política, estudiantes y trabajadores salieron a las calles a exigir que Moïse respete la Constitución, dimita y transfiera el poder a un nuevo gobierno de transición.
Agentes policiales atacaron a periodistas y manifestantes con perdigones de goma y llegaron a disparar balas reales en Pétion-Ville, donde al menos una persona fue asesinada y varias heridas de bala y perdigones.
Contexto: El país, con 11 millones de habitantes, solo cuenta con 11 cargos electos en funciones.
Desde enero de 2020, Moïse gobierna por decreto presidencial, ya que los mandatos de todos los diputados y de 2/3 del Senado han expirado.
Las elecciones legislativas, que estaban previstas para octubre de 2019, se pospusieron a causa de una ola de protestas desencadenada por una crisis de escasez de combustible.
Según el artículo 134.2 de la Constitución haitiana de 1987, que prevé el inicio anticipado de un nuevo mandato presidencial si se producen irregularidades en el proceso electoral, el mandato presidencial de Moïse terminó el pasado 7 de febrero.
Hechos: Desde el 10 de enero múltiples sectores protestan contra Moïse por imponer las elecciones presidenciales y legislativas para el 19 de septiembre de este año, lo que prolongaría su mandato hasta 2022.
También rechazan su convocatoria a un referéndum para sustituir la actual Constitución, considerada el principal logro del movimiento democrático de 1986, el 25 de abril se escogería una nueva que vuelva a un régimen presidencialista.
Respaldado por las Fuerzas Armadas del país, Estados Unidos, la UE y el Secretario General de la OEA, Moïse se niega a abandonar el poder a pesar de que el Consejo Superior de la Magistratura de Haití establece que su mandato finaliza el 7 de febrero de 2021.
Moïse alega que asumió el poder el 7 de febrero de 2017 para cumplir un mandato de cinco años, por lo que debe permanecer en el poder un año más.
Tribunales y oposición alegan que su mandato terminaba el 7 de febrero de 2021 porque hubo irregularidades en las elecciones de octubre de 2015, que Moïse ganó, fueron anuladas por fraude y se repitieron en noviembre de 2016.
El 8 de febrero, la oposición haitiana nombró al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis, miembro del Tribunal de Casación desde 2011, como presidente interino para administrar el país durante los próximos dos años y organizar las elecciones para el próximo gobierno.
El gobierno, calificado de facto, detuvo a 23 personas, entre ellas el juez del Tribunal Supremo, Yviquel Dabrésil, y la alta funcionaria de la policía, Marie Louise Gauthier. Destituyó a tres de los seis jueces del Tribunal Supremo: Dabrésil, Jean-Louis y a Wendelle Coq Thélot.
Por qué es importante: Además de que sus políticas neoliberales han sumido al país en una crisis social, política y económica sin precedentes, el protegido de Washington se niega a cumplir con la Constitución.
Haití sufre una combinación tóxica de colonialismo, neoliberalismo y un enfoque injusto para abordar el cambio climático. Siendo uno de los países que más sufre sus efectos debe reducir emisiones de gases invernadero en un 31% para 2030, pero emite el 0,02% del total global. Pero con cada catástrofe natural depende más de las dádivas a corto plazo de agencias de ayuda internacional para gestionar los efectos, se ha demostrado los altos niveles de corrupción ejercida por varias de dichas agencias.
Aun cuando el mismo Moïse se vio inmerso en esquemas de corrupción durante la implementación de Petrocaribe, este mecanismo, atacado por Estados Unidos y sus medios financiados, mantuvo una inversión significativa y sin ataduras como ejemplo de integración digna y real.
