A través de lo que el anti castrismo denominó ‘Marcha cívica por el cambio’ se reactivaron de forma visible los elementos del golpe blando que se ejecuta contra el gobierno cubano desde 2018.
Ni los movimientos de enjambre financiados desde el exilio en Miami ni los personajes que lideran las convocatorias a protestas tuvieron el impacto esperado. En comparación a los hechos del 11 de julio de 2021, Cuba vivió un día de calma y reactivando sectores paralizados por la pandemia.
Nuevos actores: Archipiélago, la plataforma creada tras las protestas de julio pasado, desplazó mediáticamente al Movimiento San Isidro y se adjudicó la convocatoria de la marcha. Su líder, el dramaturgo Yunior García, denunció supuestas presiones del Gobierno y anunciaba que, para evitar que los manifestantes fueran reprimidos, había decidido marchar él en solitario en La Habana el domingo. No lo hizo. La explicación a su ausencia vino de manos de un periodista de la agencia EFE, Atahualpa Amerise, quien reportó a través de Twitter que García se encontraba bien, “en su casa y durmiendo”.
Un dato clave sobre los promotores (de la protesta) la dio el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un discurso ante el Comité Central del Partido Comunista de Cuba en octubre: “sus proyecciones públicas y vínculos con organizaciones o agencias subversivas financiadas por el gobierno de Estados Unidos tienen la abierta intención de cambiar el sistema político de nuestro país”, apuntó el mandatario.
Contención: Las protestas en Cuba se han destacado por el despliegue de agentes entrenados y financiados por Estados Unidos que a su vez emplean métodos de desestabilización inspirados en las revoluciones de colores y la guerra no convencional, con el objetivo de provocar un cambio de régimen. En esta oportunidad, las acciones que buscaban repetir los resultados del 11 de julio fueron claramente contenidas.
Guión repetido: Como en todos los procesos de desestabilización en países que no se ajustan a las exigencias de EE.UU., en Cuba, los activistas de Archipiélago dicen que hay “violaciones sistemáticas de los derechos civiles y políticos”, además de “el agravamiento de la situación humanitaria, la economía familiar y la continua gentrificación poblacional”, por ello, la marcha tenía como objetivo público pedir reformas “democráticas” al sistema político de la nación caribeña, una excusa evidente para promover situaciones de caos.
El contraste: Mientras la constelación de medios dispuestos para proyectar las protestas internacionalmente alegaban “represión”, la mayoría de las regiones de Cuba reportaban el reinicio del curso escolar, la reapertura de fronteras y del turismo, el proceso de vacunación, la Bienal de La Habana y otros sucesos que marcaron el paso a la nueva normalidad.
Las amenazas: La administración Biden advirtió al gobierno cubano que si impedía que se llevara a cabo la marcha, la isla podría enfrentar nuevas sanciones económicas. “Al negarse a permitir dichas manifestaciones, el régimen cubano demuestra claramente que no está dispuesto a honrar o defender los derechos humanos y las libertades fundamentales de los cubanos”, dijo el Departamento de Estado en un comunicado el 16 de octubre.
Por qué es importante: Toda operación de cambio de régimen ataca por sobre todas las cosas la legitimidad, bien sea política o legal, pero también histórica y cultural. En mayo de 2021, el Instituto Samuel Robinson publicó una radiografía sobre los actores que para ese momento protagonizaban la convocatoria a hechos de violencia, ahí advertíamos sobre las formas de despliegue y el uso del bloqueo como arma también cultural para proyectar sus consecuencias materiales desde la clásica narrativa del “fracaso” del modelo socialista, ahora resucitada, ampliada y fortalecida por la arquitectura de propaganda occidental a raíz de los eventos del 11 de julio.
