La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del senado brasileño, tras meses de indagación y audiencias que marcaron la agenda pública del país suramericano, determinó en un informe final que el presidente brasileño es “responsable principal por los errores cometidos por el gobierno federal durante la pandemia”.
Datos: Con más de 600 mil muertes, Brasil es el segundo país con más fallecidos a causa de la pandemia a nivel mundial, solo superado por Estados Unidos, que acumula casi 750 mil decesos. El saldo catastrófico dejado por la crisis sanitaria en Brasil tiene a su vez implicaciones regionales, en tanto el país más poblado de Latinoamérica se ha convertido en un polo de contagio -y fuente de nuevas variantes- que amenaza directamente a su entorno geográfico directo.
Clave: La CPI fue impulsada por el senado con el propósito de investigar el manejo del gobierno de Jair Bolsonaro durante la crisis sanitaria, abarcando aspectos que iban más allá de sus propias declaraciones negacionistas y el sabotaje emprendido contra los confinamientos de los estados, como por ejemplo la las tramas de corrupción en la adquisición de vacunas y las políticas erráticas del sistema de salud. La conclusión principal de la comisión es que Bolsonaro agravó la situación sanitaria con un conjunto de medidas, declaraciones y órdenes de Estado que debilitaron los mecanismos previstos para su contención. Por ende, los efectos desastrosos de la pandemia se vieron impulsados desde su gobierno.
Crímenes: Un total de seis meses duró la investigación de la CPI para llegar a las conclusiones que fueron presentadas el día de ayer. El informe final determinó que Bolsonaro cometió crímenes de “epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias preventivas, charlatanismo, incitación al crimen, falsificación de documento particular, uso irregular de recursos públicos y prevaricación, así como crímenes de responsabilidad y contra la humanidad”, según reporto la BBC. Buena parte de estos crímenes están tipificados en la legislación brasileña, por lo que pueden ser tratados por la justicia nacional, mientras que los últimos dos son de jurisdicción universal.
Fronteras afuera: La diputada federal Fernanda Melchionna, de la formación de izquierda Psol, entregó el informe final de la CPI en la sede de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, con el objetivo de difundir sus hallazgos principales y llamar la atención de los organismos multilaterales de derechos humanos.
Implicaciones: El informe final de la CPI representa un duro revés para el gobierno de Bolsonaro, marcando un nuevo momento de fragilidad, a medida que se va calentando el ambiente preelectoral y Lula Da Silva asciende en las preferencias de los brasileños de cara a los próximos comicios presidenciales que tendrán lugar el año que viene. El informe también abre la posibilidad de viabilizar un juicio político desde el Congreso y llevar el caso a la Corte Penal Internacional.
Barreras: Sin embargo, cuesta creer que las conclusiones de la CPI deriven en un proceso de enjuiciamiento por las rutas habituales del sistema judicial o desde el mismo Congreso. El fiscal general brasileño, Augusto Aras, está alineado con el mandatario, al igual que Arthur Lira, presidente la cámara de Diputados, dos instancias fundamentales para llevar adelante un proceso formal de destitución contra Bolsonaro.
Por qué es importante: No obstante, el informe de la comisión golpea a Bolsonaro en su imagen interna, mostrándolo débil frente al ascenso de Lula Da Silva. El efecto político inmediato de las acusaciones de la CPI ha sido la radicalización del mandatario, que insultó y restó valor a la instancia, lo cual, si bien refuerza su base de apoyo, limita al mismo tiempo su capacidad de incidir en el electorado moderado e indeciso que apuesta por una normalización del país.
