El 29 de julio pasado, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó el informe “Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2020”, que fue preparado en el marco del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI).
En el mismo se muestra cómo los territorios fronterizos, abandonados por el Estado colombiano, “presentan condiciones favorables” para la siembra de hoja de coca y “su encadenamiento con los demás eslabones de la cadena del narcotráfico”.
Los datos:
- El área cultivada disminuyó un 7%, de 154 mil a 143 mil hectáreas.
- La región que más disminuyó fue la de la Orinoquia, las que menos disminuyeron fueron las del Meta-Guaviare y el Catatumbo.
- El rendimiento promedio de la hoja de coca aumentó un 10%.
- Producción potencial de clorhidrato de cocaína (100% de pureza) aumentó un 8% mientras que la producción por hectárea cosechada lo hizo en un 18%.
- Las incautaciones aumentaron en un 18% mientras que el número de laboratorios destruidos disminuyó en un 5%.
- Hay una tendencia a la concentración de los cultivos de coca desde hace cinco años, particularmente en zonas de frontera y geoestratégicas para el tráfico de cocaína.
- En 2019 se habían detectado 7 enclaves productivos que concentraban el 34% de toda el área sembrada con coca; para 2020 este porcentaje subió al 40.5%.
- La coca aumentó en parques nacionales y se concentra en resguardos indígenas, tierras de las comunidades negras y zonas de reserva forestal.
- La erradicación manual forzosa de cultivos aumentó en un 38% mientras que la voluntaria cayó en un 90%.
¿Cómo se explican las cifras?
La capacidad de obtención de cocaína no depende ya del crecimiento del área cultivada, sino de un mejoramiento en las “prácticas agroculturales” con que se cultiva y de la capacidad de extracción en finca.
Los laboratorios de producción de clorhidrato de cocaína (complejos de producción) son de mayor tamaño y cuentan con mayor eficiencia en la conversión, uso de sustancias químicas, tiempos de los procesos y empleo del personal. En algunas áreas de cultivos de coca, los grupos armados ilegales impusieron restricciones para el ingreso de compradores al territorio e incluso obligaron a la población a cumplir los toques de queda para evitar el contagio de covid-19.
La pandemia igualmente ha generado dificultades a los productores de drogas ilícitas; los grupos armados, especialmente en el oriente colombiano, han sufrido por la escasez de gasolina que antes ingresaba de contrabando desde Venezuela.
Antes que enfocarse en el combate a la pobreza que hace del cultivo de coca una opción atractiva al campesinado, la estrategia del uribista Iván Duque se ha basado en la persecución de narcos, la erradicación forzada de cultivos y la fumigación aérea con glifosato. Esta última fue suspendida en 2015 debido a sus potenciales daños sanitarios y ambientales.
Por qué es importante: Colombia tiene la mayor área sembrada de narcocultivos del mundo por delante de Perú y Bolivia, mientras Estados Unidos es el mayor consumidor de cocaína. Informes como el presentado son elocuentes en la responsabilidad estructural de las dos naciones. Ambas élites dedicaron esfuerzos navales para asediar a Venezuela en 2020 con la excusa de evitar el narcotráfico e irónicamente las cifras de producción no dejan de crecer.
Mientras Duque ha señalado sin pruebas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de proteger a rebeldes y narcos que delinquen en Colombia, desde Caracas se han emitido coordenadas específicas de campos de entrenamiento rebelde y zonas cultivadas para el narcotráfico. El capital aceita su maquinaria perturbando a la sociedad estadounidense con drogas, por un lado, y eternizando la guerra y la miseria en Colombia, por otro.
