Las “empresas de seguridad” aparecen como protagonistas del magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse, ejecutado por un comando armado el pasado 07/07 en Petion-Ville, cerca de la capital Puerto Príncipe.
Datos reveladores: El Director de la Policía Nacional de Haití, Leon Charles, anunció que los sospechosos son 28 extranjeros, entre ellos dos haitiano-americanos y 26 colombianos. Quince de esos colombianos han sido detenidos, tres murieron en un tiroteo y ocho siguen prófugos.
El ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, admitió que algunos de los colombianos son militares retirados, entre ellos Manuel Antonio Grosso Guarín, un soldado altamente condecorado que recibió entrenamiento de Estados Unidos, y Francisco Eladio Uribe Ochoa, quien ha sido implicado en el asesinato de civiles colombianos mediante falsos positivos.
Se sabe que todos los mercenarios colombianos llegaron a República Dominicana desde Colombia en distintas fechas y, desde allí, cruzaron la frontera terrestre.
Exportación del paramilitarismo corporativo: Según el Miami Herald, los detenidos fueron contratados por la “empresa de seguridad” del antichavista venezolano Antonio Intriago en Miami, CTU Security.
Los haitiano-americanos están identificados como Joseph Vincent (55) y James Solages (35), este vive en Florida y es líder de una ONG.
Trabajó como guardia de seguridad para Reginald Boulos, comerciante devenido en político que fue partidario de los dos golpes contra Aristide, y para Dimitri Vorbe, director ejecutivo y vicepresidente de la Société Générale d’Énergie SA, solicitado por el gobierno de Moïse debido a acciones fraudulentas.
Meses antes, Moïse acusó a “la oligarquía” de buscar asesinarlo mientras se le acusaba de instigar grupos paramilitares, que poseen control de un tercio del territorio haitiano, para reprimir y asesinar a sus detractores.
Dimitri Herard, jefe de seguridad presidencial, quien está siendo investigado por el gobierno de Estados Unidos por tráfico de armas, habría realizado viajes a Ecuador, Panamá y República Dominicana utilizando como tránsito a Colombia.
El director nacional de la Policía colombiana, Jorge L. Vargas, declaró que investigan cinco, incluyendo a CTU, que tiene filiales en Haití y varias partes del mundo.
Esta empresa habría mantenido vinculación con Duberney Capador, sargento retirado del Ejército colombiano quien resultó muerto en un operativo policial en Haití. Se habría encargado de reclutar a los mercenarios en Colombia y trasladarlos a ese país.
A partir de la supuesta cooperación del gobierno colombiano fue detenido el primer presunto autor intelectual del asesinato, el médico Christian Emmanuel Sanon, quien mantenía vínculos con una “empresa de seguridad” en Haití.
Durante el registro a su vivienda se hallaron prendas distintivas de la DEA, armas, municiones y matrículas de circulación de República Dominicana, entre otros artículos.
Por qué es importante: La presencia y acción paramilitar en Haití es, junto a la de las ONG, marca constitutiva de su crisis estructural. De hecho, hay un antecedente en el que cinco estadounidenses, dos serbios y un haitiano, que adujeron estar en “misión gubernamental”, fueron capturados en febrero de 2019 con armamento de guerra y equipos sofisticados en Puerto Príncipe. Fueron escoltados, sin esposas ni imputaciones, por el propio personal de la embajada de EE.UU. hasta su territorio.
Las “empresas de seguridad” son un negocio que ha empleado a exmilitares colombianos en países como Libia, Yemen e Irak donde intervienen potencias del Norte Global para el saqueo de sus recursos estratégicos. En la trama relatada por los medios, que incluía el arresto de Moïse, se hallan semejanzas con el contrato firmado entre el entorno de Juan Guaidó y Silvercorp USA para la operación Gedeon (2020). Y siempre Florida como epicentro del negocio.
