En un “reportaje” publicado recientemente por Associated Press (AP), bajo la rúbrica del periodista Joshua Goodman, se advierte que la administración Biden está dando pasos en la búsqueda de una nueva forma de abordar la cuestión venezolana en vista del estancamiento producido por una “campaña de máxima presión” que ha resultado inefectiva para sus fines de cambio de régimen.
Contexto: Goodman comenta que ha habido una reunión de altos funcionarios estadounidenses en el área de política exterior, incluida la subsecretaria de Estado adjunta, Wendy Sherman, con la finalidad de discutir “si Estados Unidos debe tomar medidas para apoyar un intento incierto de diálogo entre Maduro y sus oponentes”. El evento ocurriría en el marco de negociaciones aguas abajo donde, supuestamente, participaría el político opositor Henrique Capriles Radonski, de cara a la elección del nuevo Consejo Nacional Electoral a través de la Asamblea Nacional electa a finales de 2020.
Interlocución: El “reportaje” describe, en forma de un solo movimiento de negociación, los contactos entre el Gobierno venezolano con la diplomacia noruega, así como el arribo al país del secretario de estado del Vaticano, cardenal Pietro Parolin, lo que a juicio del periodista se traduciría en un acercamiento de la “Santa Sede” para reimpulsar una agenda de interlocución. Aunque no lo deja ver explícitamente, Goodman describe entre líneas cómo EE.UU. se ha quedado atrás frente a la política activa de diálogo encabezada por el Gobierno venezolano.
¿Laberinto?: El relato del “reportaje” evidencia un EE.UU. desorientado en términos de su política exterior con respecto a Venezuela, y visiblemente entrampado en un callejón sin salida: elevar la presión aún más, a costa de continuar proyectándose como el principal factor de agravamiento de la crisis social y económica, o respaldar una negociación a la que llega tarde y que implicaría quedar en mala posición con la agenda del “todo o nada” propalada por el sector opositor que actúa como su correa de transmisión en el tablero local.
Costos: El desmontaje de la agenda de cambio de régimen por parte del Gobierno venezolano ha elevado los costos políticos de la “campaña de máxima presión”, llevada a su punto más alto durante la administración Trump. Con ello ha redirigido los impactos hacia Washington, que a medida que intensifica la campaña de sanciones y otras agresiones en el campo político-diplomático contra Venezuela, observa también cómo el costo reputacional y el descrédito público internacional del gobierno estadounidense crece en la misma medida.
La clave: La reversión narrativa del bloqueo económico y financiero, acompañado por vocerías de la ONU y foros internacionales de peso donde Venezuela ha llevado a cabo una defensa de sus intereses sumamente asertiva, pone a EE.UU. en la incómoda posición de tener que justificar sus agresiones de manera permanente.
Detalles: Los graves impactos sociales y económicos de las sanciones a la importación de diésel y la participación cada vez menor de empresas petroleras estadounidenses en el negocio petrolero venezolano a causa de estas maniobras de presión, describen, en ambos extremos, cómo la “campaña de máxima presión” ha terminado afectando grandes intereses privados del imperio, por un lado, y, por otro, la propia capacidad de legitimación discursiva de las agresiones económicas contra el país.
Por qué es importante: El reportaje publicado por AP no solo confirmaría que EE.UU. da por sentado el fracaso de su “campaña de máxima presión”, sino que el Gobierno venezolano ha logrado instalar el marco y las reglas de juego donde Washington se ve obligado a manejar sus perspectivas, bien para una eventual reanimación de la agenda cambio de régimen utilizando la cuestión electoral o para tomar oxígeno y recomponer el frente interno.
