La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que, al 100% de actas contabilizadas en la segunda vuelta de las presidenciales de Perú, Pedro Castillo superó por 44,058 votos a su contendora de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.
Sin embargo, para proclamar los resultados del balotaje aún queda pendiente que los jurados electorales especiales del Jurado Nacional Electoral (JNE) resuelvan las solicitudes de nulidad interpuestas por ambos partidos, principalmente el partido Fuerza Popular.
Contexto: Pasados 9 días luego de las elecciones, el sistema electoral peruano no termina de proclamar al abanderado del partido Perú Libre, pese a resultar favorable. El atraso es producto de una impugnación masiva de actas que ha efectuado el partido de Fujimori mediante claras intenciones de dilatar una proclamación definitiva de Castillo.
Al cierre del conteo de actas al 100%, la ONPE reflejó en su sitio web unas 221 actas anuladas en la elección. Sin embargo, Fujimori ha procedido a una escalada ante el JNE y ha anunciado que esta tendrá mayor envergadura.
Al saberse el anuncio del 100% de actas contabilizadas, Fujimori se presentó ante sus seguidores el martes en la noche y declaró: “Hoy ha salido un resultado del conteo de ONPE, pero falta lo más importante que es la evaluación de las actas pendientes que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, aquellas apeladas por las actas observadas y las más de 800 actas con solicitud de nulidad”, dijo.
Básicamente, la candidata electoralmente derrotada ha acudido al uso de los derechos políticos que otorga la legislación electoral peruana a las organizaciones políticas para abusar de ellas y, a la vez, ha aprovechado los mecanismos manuales y retardatarios de dicho sistema electoral para convertir la elección en un bucle judicial.
Esto, por insistir en la anulación de más de 800 actas, una cifra sin precedentes en las elecciones peruanas y además, aunado al lento proceso de dictámenes que la JNE está aplicando, Fujimori esta impugnando las decisiones.
Lima, capital mundial del Lawfare: En sus propias palabras, Fujimori ha dicho que “lo más importante” no es el conteo de votos, sino la capacidad con la que cuenta su partido y su equipo de abogados para intentar ahora aplicar prácticas leguleyas y tratar de “ganar” las elecciones, no en las urnas, sino ante el JNE, que es la instancia encargada de lidiar con los reclamos.
El largo prontuario judicial de la familia Fujimori y su demostrado poder de cabildeo en las instancias judiciales es uno de los factores de riesgo más importantes en esta etapa post electoral.
El partido de Keiko ha señalado la posibilidad de intentar llevar sus reclamos a otras instancias judiciales, pero esto, al menos en lo que respecta a la ley, no es viable, dado que el JNE es el único ente delegado para la materia y ello hace incompetente a cualquier otra corte. Sin embargo, Lima, la capital mundial del Lawfare, es un lugar donde todo es posible, incluyendo la exasperación y la idea de que todo es posible mediante un acto judicial.
En esa línea parlamentarios de varios partidos de la derecha, voceros de medios y otros actores políticos habían abogado el fin de semana por una “anulación de las elecciones”.
Un comentarista de TV y luego algunos políticos, todos de tendencia de derecha, han llamado a una toma del palacio de Gobierno y a la sedición, acusando al Presidente Sagasti de favorecer a Castillo y de producir una crisis política.
Por que es importante: El caso peruano es justo ahora el más ejemplar para exponer cómo se produce un proceso desordenado en el que factores políticos e institucionales de la derecha apuestan a la dilación y negación de los derechos ciudadanos, en este caso, el voto.
Es evidente que la inesperada victoria de Castillo ha producido un sismo político que está desatando reacciones desesperadas, partiendo desde Keiko Fujimori, pero también más allá de ella.
