El anuncio de la Unión Europea (UE) sobre la renovación de sanciones ilegales a la República Bolivariana de Venezuela se emitió en pleno contexto electoral y a pocos días de la llegada de la delegación de eurodiputados que observará el proceso.
Detalles: El pasado 11 de noviembre, durante una reunión de los ministros de Exteriores del bloque centrado en comercio, la UE extendió las sanciones hasta noviembre de 2022, estas incluyen a 55 funcionarios acusados falazmente de minar la democracia y violar derechos fundamentales. Según diversos medios internacionales, el Consejo de la UE suele informar sobre nuevas sanciones o modificaciones de medidas contra países terceros a través de comunicados de prensa, algo que no sucedió en el caso de Venezuela. Ese mismo día sí publicó una nota de prensa sobre la renovación de las sanciones existentes contra las exploraciones de gas en el Mediterráneo Oriental.
Agresión: El Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, ha acusado a la Unión Europea de “torpedear” las elecciones regionales y municipales del domingo al prorrogar un año más las sanciones ilegales impuestas contra el gobierno.
“Desde Venezuela condenamos enérgicamente esta nueva agresión en contra de nuestro pueblo y consideramos esta insolente renovación un acto de hostilidad, cuyo objetivo pareciera ser querer torpedear la fiesta democrática del próximo domingo”, declaró.
Contexto: Por primera vez desde 2006 el bloque europeo ha enviado una misión de observadores a las elecciones de Venezuela. En total, más de un centenar de personas forman parte de este despliegue de acompañamiento donde los venezolanos están llamados a elegir más 70 mil cargos.
La diplomacia europea comete una contradicción flagrante si se toma en cuenta el hecho de que en estos momentos hay una misión de observación en el país, y también cuando dicen considerar que en Venezuela se han “menoscabado los derechos electorales de la oposición y el funcionamiento democrático de la Asamblea Nacional”.
Datos: Venezuela se ha opuesto oficialmente a estas sanciones, su recurso fue rechazado como no admisible por el Tribunal General (TGUE), en septiembre de 2019; y a la apelación respondió el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en enero de 2021: se aceptaba el caso. A mediados de junio el TJUE falló que, efectivamente, Venezuela puede llevar a juicio a la UE por esas sanciones.
Por qué es importante: La UE insiste en ejercer medidas extraterritoriales contra Venezuela justo antes de que se desarrolle un evento electoral, que reviste gran importancia para la estabilidad política del país porque están participando los principales partidos opositores que desde 2017 habían boicoteado los procesos electorales alegando que no existían condiciones idóneas.
Extender las sanciones busca, como ya lo hemos explicado en otros análisis, golpear el carácter moral que la mayoría de los venezolanos ha sostenido frente a todas las agresiones que se han ejecutado contra el país y su gobierno, pero además también pretende difuminar el debate mediático sobre si la presencia de la UE en el proceso electoral beneficia al Gobierno venezolano, una narrativa donde ha tenido mucho que ver el Partido Popular Europeo, quienes en una decisión sin precedentes se borró de la misión de observación alegando que puede ser entendida como un “blanqueamiento del cruel régimen” de Maduro.
Las elecciones en Venezuela cuentan con una nueva autoridad electoral que se ha dedicado a blindar el voto y a evitar los posibles fraudes, una de las principales herramientas es la vigilancia compartida en la que participan los electores y las electoras, los partidos políticos, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, un hecho que no podrá ocultarse luego de que se emitan los resultados de las elecciones.
