En vez de cooperación internacional para la solidaridad con los sectores más empobrecidos, los gobiernos de los expresidentes Mauricio Macri y Lenín Moreno enviaron armas a Bolivia durante el golpe de Estado perpetrado contra Evo Morales en 2019.
El líder indígena debió dejar sus cargos, el de presidente en funciones y candidato electo el 10 de noviembre de 2019, debido a que corría riesgo su vida, luego de que la oposición y sectores militares declararan un supuesto fraude electoral bajo amparo del secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Gobierno de Argentina presenta detalles: El gobierno argentino, encabezado por Alberto Fernández, denunció a Macri y altas ex autoridades del Ejecutivo Nacional por “el envío ilegal de armamento y municiones a Bolivia perpetrado el 12 de noviembre de 2019“.
Los días 15 y 19 de noviembre, poco después del envío, se produjeron sendas masacres en las localidades de Sacaba y Senkata, respectivamente, dejando un saldo de 22 muertos y 200 heridos en el marco de las protestas sociales ocurridas durante el atropello institucional cometido contra Evo Morales.
El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que “el Gobierno de Mauricio Macri le dio a las Fuerzas Armadas de Bolivia (FAB) munición para reprimir las protestas del 2019 y días después de ese hecho se realizaron las masacres de Sacaba y Senkata”.
Un informe del Ministerio de Seguridad argentino detalla que “en lo enviado por Argentina figuran 70 mil cartuchos antidisturbios y la policía boliviana registra apenas 1 mil 350 cartuchos. Tampoco hay mención, en las autorizaciones realizadas en Argentina de manta antibomba, que sí figura en los registros de la policía boliviana, así como ocurre con detector de metales y demás elementos”.
El pasado miércoles 14, se confirmó oficialmente que parte del material represivo enviado irregularmente por Macri “continúa en los depósitos” de la policía boliviana, sin documentación que “respalde” esos pertrechos.
Piden al Gobierno de Ecuador investigar: El ministro ecuatoriano de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, informó sobre la apertura de un proceso contra Moreno por el préstamo de municiones al régimen de Jeanine Áñez en 2019. “La investigación que lleva adelante Ecuador y que presentaremos en Bolivia debe procesar este crimen de lesa humanidad internacional con base en el uso que dieron de estas armas contra el pueblo de Bolivia. La responsabilidad de Áñez y Lenín Moreno no puede quedar impune”, publicó Lima en su cuenta de la red social Twitter.
Además, Fausto Jarrín, asambleísta de Unión por la Esperanza (UNES), presentó una demanda penal por el presunto delito de peculado en relación con la entrega de armas a Bolivia.
El Gobierno boliviano reveló que, en noviembre de 2019, la administración de facto de Áñez realizó una gestión para enviar una aeronave boliviana que transportó clandestinamente desde Ecuador proyectiles y granadas.
Un documento oficial del Ministerio ecuatoriano reveló que el Gobierno de Lenín Moreno prestó al régimen de Áñez 5 mil 500 granadas y 2 mil 949 proyectiles en noviembre de 2019 para reprimir protestas en el Estado Plurinacional.
Por qué es importante: No deja de ser curioso que en días pasados Almagro haya pedido un minuto de silencio por las víctimas de las masacres durante una reunión virtual. La participación alineada de la derecha regional en el golpe de Estado en Bolivia y las masacres que le sucedieron evidencian el verdadero plan de las élites globales hacia el continente, los mismos gobiernos que desbarataron y boicoitearon iniciativas de integración como Unasur y Celac se articularon para la represión y muerte de ciudadanos bolivianos. Ambos gobiernos pudieran enfrentar acusaciones penales por respaldar lo que constituyó un crimen de lesa humanidad, según juristas.
