El Observatorio Internacional de Migración y Derechos Humanos, Argos, emitió esta semana el informe “Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a la migración venezolana: política discrecional y beneficio provisional sin garantías”.
Allí analiza los reales alcances de este tipo de medidas en la población migrante que ha ingresado a ese país en el marco del asedio y bloqueo que su gobierno sostiene contra Venezuela.
¿Qué es un TPS?: Se trata de permisos extraordinarios a migrantes de países que el gobierno de EE.UU. considere que padecen conflictos armados o desastres naturales.
Fueron creados en noviembre de 1990 mediante la Ley Inmigración (Nº 101-648), por la administración de George H. W. Bush. Originalmente estaba dirigido a la población salvadoreña afectada por la guerra, pero hoy en día casi 400 mil personas de El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Yemen y Venezuela tienen TPS.
Caso Venezuela: La medida tomada por Biden en marzo pasado podría beneficiar a 380 mil venezolanos que hayan estado en EE.UU. antes del 8 de marzo, con una vigencia de 18 meses prorrogables.
En ese momento anunció también la renovación de la Orden Ejecutiva (Decreto Obama) que afirma que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y es base de las sistemáticas medidas coercitivas unilaterales y sanciones económicas que ese país ejerce contra Venezuela.
El TPS forma parte una batería de medidas de presión internacional para que se celebren “elecciones libres y justas en Venezuela”, impulsada por los senadores Bob Menéndez y Marco Rubio, promotores del bloqueo contra Venezuela desde diciembre de 2014.
En septiembre de 2022 el secretario de Seguridad Nacional determinará si Venezuela continúa cumpliendo con las condiciones para conceder este beneficio.
Implicaciones jurídicas: No significan una concesión de estatus legal ni mucho menos la ciudadanía estadounidense, aunque se suele presentar como un paradigma en materia de los derechos humanos de los migrantes.
- No implica un compromiso real y concreto con las garantías establecidas en los convenios vigentes, solo “caritativismo”.
- Es seguido por países del hemisferio como Colombia, Iván Duque ha recibido más de 950 millones de dólares desde EE.UU., Unión Europea, Banco Mundial y Japón proyectando el “padecimiento” de Colombia mientras obvia los 8 millones de desplazados generados por el conflicto armado interno.
- Biden ha asumido la misma posición que Trump, negando un acceso más seguro a la residencia permanente a los beneficiarios del TPS.
- El goce de salud, educación y trabajo a la población migrante puede ser eliminado por Biden en cualquier momento que su administración perciba amenazas a la seguridad nacional o a la salud pública.
Implicaciones políticas: Supone una estrategia de distracción a la opinión pública de los efectos devastadores del bloqueo unilateral contra Venezuela, en particular las denuncias públicas realizadas en febrero pasado por Alena Douhan, relatora Especial de la ONU para las medidas coercitivas unilaterales.
Es un gesto electoralista de Biden usado para obtener el apoyo en Florida (clave para el triunfo) y para parecer capaz de gestionar la crisis regional que supuestamente representa la migración centro y suramericana (incluyendo la venezolana) mediante la coordinación regional de esfuerzos y recursos.
Por qué es importante: La instrumentalización de medidas “humanitarias” sigue siendo un ariete en el espectro de medidas de golpe blando que utilizan las potencias occidentales en países de interés geoestratégico por motivos políticos o netamente económicos. Además de generar fondos que son transpuestos a actividades no tan pacíficas, figuras como el TPS forman parte de un metabolismo de discursos, propaganda y operadores en pleno desmontaje de las garantías humanitarias que dicen defender.
