Imagen referencial de una plataforma de extracción petrolera en aguas profundas. (Foto: Dabarti CGI / Shutterstock)

Intereses y geopolítica del Esequibo

Introducción

El Territorio Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, comprende una extensión de territorio de 159.542 km² bajo administración espuria y como propio por parte de la República Cooperativa de Guyana. Venezuela mantiene una reclamación sobre esta importante extensión al oeste del río Esequibo, que también incluye una importante franja marítima.

Venezuela ha declarado como viciado el llamado Laudo Arbitral de París de 1899, el cual suponía una resolución de la disputa entre Venezuela y Reino Unido, instancia colonial que ocupó el territorio antes de la independencia de Guyana.

El 3 de octubre de 1899, la instancia tribunal falló a favor de Reino Unido en medio de deliberaciones expresas, de apenas 6 días, aunque estaban previstas dentro de un plazo de dos meses. Venezuela no efectuó mayores reclamaciones luego de 1899 por diversas razones, entre ellas, temores al desarrollo de un conflicto con Reino Unido, quienes tenían interés en la desembocadura del Orinoco y además la posición de tutelaje sobre los gobiernos de Venezuela en la mayor parte de la primera mitad del Siglo XX.

Sin embargo, Venezuela logró demostrar en 1962 que el Laudo se efectuó mediante un proceso de negociación viciado y favorable a Reino Unido, por lo cual ha afirmado su carácter nulo e írrito. Posteriormente, el 17 de febrero de 1966, se firma el Acuerdo de Ginebra, único documento vigente entre Venezuela y la Guyana Británica

Para Guyana, la finalidad del acuerdo inicialmente fue determinar si el Laudo Arbitral de París es nulo e írrito y que por lo tanto, a menos que Venezuela demuestre la nulidad, para el Estado guyanés el laudo es una sentencia definitiva. Para Venezuela, en cambio, el objeto del acuerdo es comprometer a las partes a llegar a una solución satisfactoria a modo de “acuerdo práctico” entre los dos países. Considera que la nulidad del Laudo Arbitral de París está implícita y explícitamente demostrada y aceptada en el documento, firmado por Guyana cuando era aún colonia, y que sin ese reconocimiento, simplemente no tuviera sentido el acuerdo ni Guyana tendría que haberlo firmado.

Durante los últimos años se ha mantenido la vigencia el Acuerdo de Ginebra, en la que los gobiernos de Guyana y Venezuela deberían recurrir a la figura del buen oficiante para mediar entre ambos gobiernos y encontrar una solución satisfactoria y “practica” para las partes. Venezuela ha efectuado diligencias ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para hacer esto efectivo, pero no se ha concretado.

Seguidamente y en acciones unilaterales, Guyana ha llevado el caso a la Corte Internacional de Justicia y esta instancia se declaró “competente” en la materia en diciembre de 2020. El Gobierno bolivariano desestimó la decisión de la Corte sobre su jurisdicción en el caso y consideró ilegítimo el reconocimiento del Laudo Arbitral de 1899, maniobra que calificó como injerencia del gobierno estadounidense.

En enero de 2021, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, publicó un decreto para proteger la región del Esequibo a través del denominado “Territorio para el desarrollo de la Fachada Atlántica”. Guyana consideró el decreto como “profundamente perturbador” y denunció el aumento de presencia militar venezolana en la zona.

Venezuela, por su parte, ha denunciado los intentos de trasnacionalizar, ocupar y militarizar el territorio Esequibo para usarlo como enclave estratégico contra Venezuela y con la intención de socavar la integridad y recursos de dicho territorio.

El rol de los estadounidenses es clave en el desarrollo de estos intereses geoeconómicos y geopolíticos en el Esequibo y es, en esencia, el centro fundamental de desarrollo de este análisis.

Guyana y Exxon trazan una nueva ruta estratégica

Desde el primer descubrimiento petrolero (ilegal) de la compañía estadounidense ExxonMobil en aguas territoriales reclamadas por la República Bolivariana de Venezuela en 2015, el clima político de la República Cooperativa de Guyana ha vivido tiempos de inflamación y radicalización. A mediados de 2015, ExxonMobil encontró importantes reversas petrolíferas en el pozo Liza-1 correspondiente al bloque Stabroek, que integra la fachada atlántica de la Guayana Esequiba arrebatada por el Imperio británico en el laudo ilegal de 1899.

Como primer efecto inmediato, la aparición repentina de la ex colonia británica en el mapa energético internacional ha exacerbado el contencioso histórico-territorial del Esequibo, provocando que la zona se transforme rápidamente en epicentro de grandes intereses geoestratégicos de las potencias occidentales, abocadas a la expansión de su frontera de dominio energético en el Sur Global. Los intereses en cuestión posan su mirada sobre la cuenca Guyana-Surinam, que

hace dos décadas fue calificada por el Servicio Geológico de los Estados Unidos como la segunda cuenca petrolera sin explotar más prospectiva a nivel mundial. Los complejos de hidrocarburos en alta mar en aguas profundas de Guyana [sic] se han comparado con las prolíficas cuencas petroleras en alta mar de Brasil (Smith, 2020).

En 2018, ExxonMobil informó que sus reservas de petróleo y gas en el bloque Stabroek ascendían a los 4 mil millones de barriles (Petroleumag, 2018), proyectando que, en el bloque mencionado, para 2025, se estarían produciendo 750 mil barriles diarios, escala que posicionaría a Guyana como uno de los productores petroleros más sólidos de la región latinocaribeña. A medida que han evolucionado los hallazgos de la petrolera con la venia del Gobierno de Guyana, la resolución expedita del diferendo territorial binacional ha cobrado rasgos de urgencia geopolítica, dada la indefinición jurídica de la zona y las complicaciones de orden legal y financiero que puede traer para ExxonMobil, en el corto y mediano plazo, en función de sus operaciones estratégicas de extracción y comercialización de petróleo.

Funcionarios del gobierno de Guyana y ejecutivos de ExxonMobil cierran acuerdos de explotación en el campo Payara. (Foto: Ministerio de Recursos Naturales)

La presión de la compañía por una resolución rápida del caso que formalice sus operaciones petroleras de cara al mundo ha inflamado las relaciones bilaterales entre Caracas y Georgetown en los últimos años, llevándola a cotas de conflictividad muy altas donde se ha ido proyectando la vía judicial como la única fuente de solución en el horizonte, en detrimento de las rutas de diálogo y negociación diplomática concebidas en el Acuerdo de Ginebra de 1966.

Las ingentes reservas energéticas ubicadas en la zona en disputa juegan un papel decisivo en el tratamiento político y comunicacional del Gobierno de los EE.UU. hacia la República Cooperativa de Guyana, enmarcado en un esfuerzo continuo por compatibilizar los intereses de ExxonMobil con la posibilidad de acelerar el desarrollo nacional del país. Es la base de una estrategia de convencimiento orientada a seducir a la élite gobernante sobre los beneficios que traería consigo la explotación petrolera lo que ha fomentado una mayor aprensión en el manejo del caso por parte de Georgetown, y, al mismo tiempo, un alineamiento más acentuado con la política exterior de Washington encaminada a fortalecer el cerco diplomático, económica y militar contra Caracas, aprovechando las ventajas de una herencia colonial no resuelta e históricamente postergada.

“En 2025, el PIB aumentará entre un 300% y un 1.000%. Esto es gigantesco. Será el país más rico del hemisferio y, potencialmente, el país más rico del mundo” (Maybin, 2019), dijo el embajador estadounidense en Guyana, Perry Holloway, reafirmando la intención de vender las operaciones ilegales de ExxonMobil como la condición básica del desarrollo económico y social de la República Cooperativa de Guyana. La promesa de que el petróleo convertirá a Guyana en un país rico ha transformado su política interna en un hervidero de posiciones radicalizadas y acusaciones mutuas de llegar al poder mediante acciones irregulares en el último año, una situación que ejemplifica la premura de la élite gobernante por controlar patrimonialmente los ingresos de la actividad petrolera. “En su mayor parte, las elecciones fueron un referendo para determinar la manera en que Guyana debía gastar ese dinero caído del cielo” (Kurmanaev, 2020).

Las elecciones generales de marzo de 2020 provocaron un conflicto judicial entre la coalición gobernante de David Granger y el opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) de Irfaan Ali. Las acusaciones mutuas de fraude y manipulación de los resultados se extendieron durante varios meses a medida que avanzaba un disputado reconteo de los votos. En agosto de 2020, Ali asumió la presidencia de Guyana, pero el clima de deslegitimación continuó y se mantiene en la actualidad.

Socialmente, la estrategia de convencimiento ha creado aguas abajo una burbuja psicológica de movilidad social ascendente, impulsando cambios en la histórica matriz productiva de Guyana, que se traducen en el desplazamiento progresivo de la agricultura de caña de azúcar en beneficio de la masificación de negocios comerciales y emprendimientos del sector terciario, con la intención de aprovechar el auge de consumo de la población, especialmente la empleada en el negocio petrolero con una fuerte concentración demográfica en la costa (Kurmanaev, 2020). Para el Gobierno de Guyana, estas expectativas de bonanza inmediata y generalizada en uno de los países más pobres y desiguales del continente constituyen su principal base de apoyo social para escalar la confrontación diplomática contra Caracas y promover una cooperación más firme con los Estados Unidos en diversos ámbitos.

Geopolítica e interferencia: El papel de Estados Unidos

Recientemente, el ventajismo de ExxonMobil, la débil infraestructura energética de Guyana y las facilidades ofrecidas por el Gobierno a la expansión de las operaciones petroleras a través de concesiones y licencias dudosas se han mezclado para echar por tierra las promesas de un pacto desarrollista en beneficio del país. En febrero del año pasado, la fundación británica Global Witness publicó un demoledor informe sobre cómo Guyana habría perdido hasta 55 mil millones de dólares en el acuerdo de explotación con la petrolera estadounidense en el bloque Stabroek (Goolsarran, 2021).

La producción y exportación de arroz de Guyana muestra síntomas de declive ante los ingresos petroleros. (Foto: Guyana Chronicle)

Como resultado de la negociación, quedó reducida al mínimo la participación del país en términos de regalías y ganancias de la actividad petrolera, otorgándole enormes ventajas financieras a ExxonMobil a largo plazo. La publicación de Global Witness generó un efecto dominó de reacciones que abarcaron desde el Gobierno de Guyana hasta la propia ExxonMobil, ya que las ganancias netas de la petrolera representarían “120 veces el tamaño del presupuesto anual del país” en la actualidad (Weissenstein, 2020).

A finales del año pasado, Tom Sanzillo, Director de Finanzas del Instituto de Energía, Economía y Análisis Financiero (IEEFA), emitió un severo juicio contra el optimismo de un rápido crecimiento económico a partir de la actividad petrolera. Sanzillo afirmó que los ingresos por concepto de exportación petrolera no cubrirían el déficit presupuestario de Guyana ni permitirían una expansión del gasto en el mediano plazo, incluso, aseveró que la tendencia natural sería asumir una mayor carga de endeudamiento, en el marco de un ciclo bajista de los precios internacionales, que barrería con los beneficios teóricos que traería la exportación de crudo. En concreto Sanzillo dijo:

Lo que se ve en esta instancia es que en los primeros tres años el gobierno está tratando de cerrar sus déficits con (su participación en las ganancias petroleras) y no puede; simplemente no es suficiente. Así que tienen un déficit presupuestario de 450 millones de dólares y tienen que pedir prestado para satisfacer sus necesidades y eso no es ni siquiera necesidades nuevas. Eso es solo asumiendo que han intentado guardar algo en el SWF. Así que aumenta este déficit de US $ 450 millones y en los próximos dos años puede cerrarlo, pero no puede gastar en cosas nuevas […] Entonces, terminas endeudándote más para conseguir algo más de dinero… y esa deuda es justo lo que terminas debiendo al final de los primeros cinco años (Wilburg, 2020).

Estas y otras posiciones cada vez más críticas con respecto a la promesa de una bonanza petrolera en el corto y mediano plazo han ido reduciendo, parcialmente, la capacidad de persuasión simbólica de EE.UU. sobre la sociedad guyanesa, que comienza a ver con sospecha e incertidumbre el involucramiento del país dentro del complejo energético internacional por las tensiones geopolíticas que vienen asociadas.

Los hilos de influencia y poder de Washington en la República Cooperativa de Guyana son amplios y complejos al mismo tiempo. Y es que las elecciones generales de marzo del año pasado ejemplificaron los problemas asociados a los intentos de la élite gobernante (divida por tensiones étnicas históricas entre afro e indoguyaneses) del país de apoyarse en Estados Unidos para proyectar su voluntad de poder a lo interno. Por ejemplo, en 2019, el Partido Progresista del Pueblo (PPP) renovó el contrato con la firma de cabildeo estadounidense, Mercury Public Affairs, con el objetivo de adquirir servicios de lobby como

…la organización de reuniones entre el poder ejecutivo del partido y el Congreso de los Estados Unidos, la Organización de Estados Americanos, que se vincula en relación con temas relacionados con las elecciones generales y regionales previstas que se llevarán a cabo en Guyana (Kaieteur News, 2019).

La Alianza por el Cambio (AFC) cuestionó la renovación del contrato y aseveró que representaba “una mala noticia para la democracia de Guyana, ya que ha estado implicado en un plan para ocultar el tráfico de influencias extranjeras en las elecciones estadounidenses de 2016” (Kaieteur News, 2019). Más allá de las urnas, las reñidas elecciones se desarrollaron en medio de juegos de poder blando y exposición evidente de la interferencia extranjera. Como reseña un diario local, las firmas de cabildeo The Cormac Group y Otto Reich Associates

… se unieron el año pasado para presionar por el Centro Internacional para la Democracia, un grupo de Nueva York cercano al Partido Progresista del Pueblo (PPP) en la carrera presidencial que enfrenta al candidato del PPP, Irfaan Ali, contra el actual presidente David Granger. Mercury Public Affairs también presionó a favor del PPP hasta julio pasado (Demerara Waves, 2021).

A finales de 2020, el Gobierno de Guyana en manos de Irfaan Ali contrató ambas firmas de lobby a los fines de llevar a cabo una asertiva campaña de relaciones públicas en Washington, cuyo fin era atraer inversiones privadas, mejorar la imagen del Gobierno frente a organismos multilaterales y ampliar la cooperación binacional. Tanto Estados Unidos como la OEA, la Unión Europea y el Gobierno de Canadá daban por cerrado el intento de reelección de David Granger, e incluso optaron por un enfoque amenazante para aplacar su declaración unilateral de victoria en las urnas (BBC, 2020).

La coalición Una Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU-AFC), principal fuerza opositora del país, aspiraba contar con el apoyo de la recién estrenada administración Biden para fortalecer sus acusaciones de fraude y desbancar a Ali de la presidencia; sin embargo, la visita del secretario de Estado Mike Pompeo, del jefe del Comando Sur, Craig Faller, en la cual se establecieron acuerdos en materia de defensa en medio de ejercicios militares conjuntos, y más recientemente el mensaje de respaldo del propio Joe Biden a Ali (Demerara Waves, 2021), parecen haber enterrado las esperanzas de la coalición opositora. Aun así, a la fecha de elaboración de este informe, APNU-AFC continúa considerando al nuevo Gobierno como ilegítimo, aunque algunos puentes comienzan a plantearse para superar el estancamiento político. Ali pide el reconocimiento público y explícito a su Administración por parte de la coalición para entablar conversaciones.

Resulta paradójico que APNU-AFC, durante 2019, vendió al PPP como una fuerza contraria a los intereses de Estados Unidos en Guyana y que promovería una mayor influencia de Rusia y China. Para elevar el alcance de este mensaje, la coalición se apoyó en la firma de cabildeo JJ&B LLC para transmitirle “… a los políticos estadounidenses clave que el PPP se comprometió a socavar directamente el interés de EE.UU. [con apoyo] del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro” (Demerara Waves, 2020). Si bien el cabildeo durante las elecciones guarda una estrecha relación con la apuesta estadounidense hacia la figura de Ali, la negativa de Granger de autorizar la instalación de la emisora estatal La Voz de América en territorio guyanés para influir en el público venezolano (Alba Ciudad, 2020), además de la reunión con el presidente Nicolás Maduro en 2015, pudieron haber contribuido al cambio de orientación actual del Gobierno estadounidense.

Consideraciones sobre alertas y dinámicas sobre el Esequibo

Estados Unidos se inclina a construir una relación de tutelaje neocolonial sobre Guyana con la finalidad de edificar un “país satélite” que le permita ampliar su dominio geoestratégico en la parte noroccidental de la región, aprovechando su proyección marítima hacia el Caribe y por la vía terrestre hacia el sur del continente. La posición privilegiada a nivel geográfico de la antigua colonia británica, sumada a las grandes reservas petroleras, ha elevado la apuesta estadounidense en su cálculo de Guerra Fría adaptada al siglo XXI. Una manifestación de ello fue el discurso emitido por Mike Pompeo durante su visita a la antigua colonia británica en septiembre del año pasado, desde donde afirmó que esperaba que el país optara por empresas estadounidenses por sobre las chinas (Stabroek News, 2020).

Helicópteros Blackhawk y otros implementos militares estadounidenses arriban a Guyana para el ejercicio Tradewins 2021. (Foto: Lt. Nora Amrane)

Las palabras de Pompeo llevadas a la dinámica general de la geopolítica comenzaron a surtir efectos. A principios de febrero, el Gobierno de Guyana autorizó la apertura de una oficina comercial de Taiwán (AP, 2021), un guiño a los intereses de Estados Unidos de aislar a la República Popular China de la región latinocaribeña. Que abran dicha oficina no implica el establecimiento de relaciones formales ni la reversión de los lazos entre Guyana y China; sin embargo, la acción fue aplaudida por Estados Unidos (Demerara Waves, 2021).

Días antes, la firma The Cormac Group, contratada por el Gobierno de Guyana, habría comenzado a influir en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU. a través del envío de correos electrónicos a congresistas de peso y aconsejando directamente a sus asesores para presionar por un abordaje favorable a la interferencia estadounidense, señalando a Venezuela como una “amenaza” para Guyana. Concretamente, según informaron medios locales, el cabildero José Cárdenas estaría trabajando para impulsar una orientación amenazante contra Venezuela (Demerara Waves, 2021).

Presumiendo esta coordinación de acciones en política exterior, ExxonMobil recientemente tomó la decisión de redoblar sus apuestas al anunciar que redirigirá buena parte de su músculo financiero hacia la explotación de los yacimientos del bloque Stabroek, en tanto es el proyecto que ofrece las mayores perspectivas de rendimiento en los próximos años (Kaieteur News, 2021). La aceleración de estas acciones de influencia coincide con la creciente presencia de la República Popular China en Guyana, lo que implica un desafío a la orientación geoestratégica estadounidense. Así lo hace ver Evan Ellis, quien es profesor del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los EE.UU., con tono de dictamen:

En segundo lugar, el gobierno de Ali debe evitar la corrupción sustancial y la percepción de la misma a medida que ingresa nueva riqueza petrolera. En tercer lugar, debe administrar cuidadosamente el papel de la República Popular China en su economía en rápida expansión. Las empresas con sede en la República Popular China ya tienen una presencia poderosa en los sectores del petróleo, la construcción, la minería, las telecomunicaciones y otros y están posicionadas para expandirse con posibles nuevos megaproyectos como el puerto comercial de Berbice y la posible resurrección del proyecto hidroeléctrico Amaila Falls. Cuarto, debe manejar los desafíos multidimensionales que presenta su vecina Venezuela, incluidos los miles de refugiados que ingresan al país (a menudo abrumando los recursos de los pequeños pueblos a lo largo de la costa y en el interior del país) y el reclamo del régimen de Maduro sobre la región de Esequibo de Guyana [sic] (Ellis en Nagl, 2021).

El entrecruzamiento de influencias geoestratégicas diversas, acción coordinada de firmas de cabildeo y la presión objetiva de los intereses petroleros estadounidenses están llevando a Guyana a un terreno de inestabilidad y fragilidad geopolítica que podría desembocar en el descontrol de su manejo de política exterior. El peso de los grandes intereses en pugna es muy superior a la capacidad de gestión política del Gobierno guyanés. En este marco han crecido las preocupaciones y alteras por parte de diversos actores y factores del país, y las mismas abarcan un amplio margen de demandas y posicionamientos que van desde los peligros de una escalada internacional hasta los impactos ambientales de las operaciones de ExxonMobil.

Una alerta indispensable sobre el marco de probabilidades a partir del desarrollo de intereses estadounidenses en el Esequibo concurren mediante su ocupación, lo cual implica la instalación en tierra del Esequibo de infraestructuras conexas para el desarrollo de la actividad petrolera costa afuera, en aguas venezolanas bajo reclamación. Adicionalmente, las posibilidades apuntan al “aseguramiento” de la zona en disputa o la colocación de componentes militares, lo que consiste en un proceso de “securitización” de recursos estratégicos para los estadounidenses, cuestión que comprende la protección de los activos recursos naturales in situ, así como las infraestructuras para tales fines incluyendo las de propiedad privada, en este caso las de Exxon.

El ámbito de aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses, como la Ley de Seguridad Nacional vigente, impone parámetros de “securitización” de los recursos naturales a beneficio de EE.UU., en escalas estratégicas y más allá de sus fronteras, cuestiones para las cuales el Comando Sur debe cumplir funciones. Estos ámbitos de aplicación de la estrategia implica en muchos casos la toma de decisiones a modo discrecional y en otros casos vulnerando o socavando la soberanía de los países. El caso del territorio Esequibo guarda cualidades idóneas, aunque para los estadounidenses este pertenezca a Guyana, pues es precisamente un espacio en reclamación que en términos del derecho había sido asumido por las corporaciones bajo una condición difusa y de disputa, que le ha revestido de inseguridad jurídica. Ahora, desde Exxon, la situación ha cambiado y se ha desarrollado un proceso en el que, por la reclamación venezolana y desde el decreto que denomina las aguas del Esequibo como juridisccionales para el desarrollo de la fachada atlántica, la presencia legítima venezolana para los estadounidenses reviste en un factor de “amenaza”, razón por la cual proponen su “aseguramiento”.

Godfrey Bess, jefe de personal de la Fuerza de Defensa de Guyana, y el jefe del Comando Sur estadounidense, Craig Faller, en el contexto de la fima de un acuerdo de intercambio de información y servicios militares. (Foto: Fuerza de Defensa de Guyana)

Al consolidarse el tutelaje político y el reconocimiento de Estados Unidos como un actor modulador de la actividad petrolera en Guyana es evidente que los estadounidenses amplían su posición provechosa y controlan los aspectos más esenciales de ese territorio.

En enero de este año, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, advirtió de la “amenaza” a la soberanía y a la integridad territorial que representaron las maniobras militares de EE.UU. en Guyana. “Estamos muy atentos de estos ejercicios militares aunque no sean realizados en aguas de Venezuela” (CNN en Español, 2021).

En junio de este año, la Armada de Venezuela realizó patrullajes en la fachada atlántica ante los ejercicios militares de EE.UU. en Guyana, que fueron calificados por el ministro de la Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, como una provocación. “El buque Hugo Chávez está haciendo patrullaje y presencia en la fachada atlántica ante la provocación del imperialismo de estar haciendo ejercicios con presencia de militares estadounidenses en Guyana”, expresó el ministro.  Anteriormente, el máximo representante de la cartera castrense afirmo que no era una casualidad la presencia del jefe del Comando Sur en Colombia, cuando en Guyana se realizan los ejercicios militares. Asimismo,  aseguró que se trata de un acto “injerencista en medio de la sistemática desestabilización contra Venezuela”. En Guyana se desarrollaron los ejercicios Tradewinds 2021, patrocinados por el Comando Sur, en los que participan además otras 23 naciones.

Estas colaboraciones militares se basan en acuerdos suscritos entre EE.UU. y Guyana. A inicios de este año firmaron el pacto denominado “Acuerdo de Adquisición y Servicios Cruzados” en un acto liderado por el jefe del Comando Sur en Georgetown (Dialogo. Revista Militar Digital 2021). “El acuerdo también aborda la delincuencia trasnacional, que incluye el tráfico ilícito de estupefacientes, armas pequeñas, pesca ilegal y trata de personas”, señalaron en el momento, pero es evidente que la firma da marco legal a la protección de embarcaciones que operen en el área marítima bajo reclamación, entendiendo que Venezuela las asume como parte de su fachada atlántica y zona económica exclusiva. A inicios de este año fueron detenidas dos embarcaciones guyanesas en aguas venezolanas (Defensa, 2021).

Estos elementos y precedentes convierten a la región y al territorio Esequibo en un nuevo detonante de situaciones de inestabilidad y conflicto. Forman parte de las nuevas alertas que, aunadas a otros puntos de presión sobre Venezuela, constituyen un cerco y completo formidable contra el país. Un cuadro adverso signado por bases militares estadounidenses en Colombia, Antillas holandesas y, ahora, en la fachada atlántica.

Referencias

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Investigación especial elaborada por el equipo de investigación del Instituto Samuel Robinson en el primer trimestre del año 2021, y luego actualizada con nuevos datos y análisis el pasado mes de junio.

AUTOR
Instituto Samuel Robinson
ASOCIADO
Instituto Samuel Robinson para el pensamiento original.
Caracas. República Bolivariana de Venezuela. 2021.

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